Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California detenido la semana pasada, aseguró que su padre es preso político y solicitó la intervención del Gobierno de Estados Unidos ante el proceso penal que enfrenta por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la hija del político acudió la tarde del 22 de julio a la Embajada de Estados Unidos en México para pedir ayuda y protección al gobierno encabezado por Donald Trump, al considerar que las acusaciones formuladas por la Fiscalía General de la República (FGR) forman parte de una persecución política.
Verónica Ruffo afirmó que ha sido víctima de hostigamiento después de emprender públicamente la defensa de su padre y responsabilizó a la presidenta Claudia Sheinbaum de la salud y la integridad del exmandatario estatal, quien fue el primer gobernador de oposición en México al ganar, bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), la elección de Baja California.
La situación jurídica de Ruffo Appel podría definirse en breve, una vez que el juez determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso o si debe ordenar su libertad. La audiencia comenzó desde la tarde del viernes y se prolongó durante varios días debido a la exposición de pruebas y argumentos de la Fiscalía y de la defensa.
El procedimiento se desarrolla mediante videoconferencia en la sala uno de diligencias del Centro de Justicia del Altiplano. Debido a que la audiencia es privada, tanto el Ministerio Público como los abogados de los acusados participan a distancia, sin acceso para los representantes de los medios de comunicación que siguen el caso.
Junto con el exgobernador se analiza la situación legal de otras siete personas presuntamente relacionadas con una red de contrabando de combustible. La FGR sostiene que los involucrados formaban parte de la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento, operación que, en el caso de Ruffo Appel, habría estado vinculada con la empresa Ingemar.
Las autoridades federales acusan al político de participar en actividades de delincuencia organizada y en un esquema identificado públicamente como huachicol fiscal, consistente en el ingreso irregular de combustibles mediante declaraciones aduaneras o fiscales distintas a la naturaleza real de los productos importados. La responsabilidad penal del exgobernador deberá ser definida por el juez con base en los datos de prueba presentados durante la audiencia.
La detención provocó reacciones entre organizaciones y partidos opositores, cuyos dirigentes han cuestionado la actuación de la FGR. El Partido Acción Nacional y la agrupación Somos México consideraron que el caso podría tener motivaciones políticas y demandaron que se respete el debido proceso.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, sostuvo que la ley debe aplicarse de manera igualitaria, independientemente de la filiación partidista de las personas investigadas. También consideró llamativo que el Gobierno federal emprendiera una “cacería de brujas” contra figuras opositoras mientras existen investigaciones y señalamientos que relacionan a integrantes de Morena con actividades del crimen organizado.
El dirigente panista reconoció que corresponde a Ruffo Appel responder ante las autoridades y aclarar las acusaciones formuladas en su contra. Sin embargo, expresó preocupación ante la posibilidad de que el rigor judicial no sea aplicado de la misma manera en investigaciones que involucran a funcionarios o representantes políticos vinculados con el oficialismo.
Romero adelantó que su partido presentará denuncias y solicitará la comparecencia ante el Congreso de los funcionarios relacionados con el proceso. El PAN considera necesario esclarecer tanto el origen de la investigación como la actuación de las instituciones encargadas de perseguir los delitos señalados en el expediente.
Somos México también exigió la liberación inmediata del exgobernador, quien forma parte de esa organización como integrante y consejero consultivo. La agrupación calificó su detención como un atropello y sostuvo que las acusaciones serían inconsistentes debido a que la empresa de la cual Ruffo Appel es socio contaría con autorizaciones y operaciones supervisadas por autoridades aduaneras, fiscales y energéticas.
La organización argumentó que la relación directa de la compañía se mantenía con la Agencia Nacional de Aduanas de México, institución responsable de revisar y certificar los productos que ingresan al país. Con base en ello, sus integrantes afirmaron que las autoridades federales deberán explicar cómo se habría desarrollado el supuesto contrabando y qué participación concreta habría tenido el exmandatario.
Somos México acusó además a la Fiscalía de actuar selectivamente y de no investigar con el mismo rigor las denuncias sobre el posible tráfico ilegal de combustibles en el que estarían involucrados funcionarios federales o gobernadores emanados de Morena. Estos señalamientos forman parte de la defensa política del exgobernador y no sustituyen las pruebas que deberán ser valoradas por el juez.
Mientras continúa la audiencia, Verónica Ruffo mantiene su exigencia de protección internacional y sostiene que su padre enfrenta represalias por su trayectoria opositora. La resolución judicial definirá si Ruffo Appel permanece sujeto a un proceso penal por delincuencia organizada y contrabando de combustibles o si recupera su libertad por falta de elementos suficientes para continuar la acusación. (Mas).
