La Fiscalía General del Estado de Veracruz solicitó al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como presunto autor intelectual del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue privada de la libertad el 2 de junio en Nanchital y localizada sin vida el 3 de julio.
De acuerdo con información de Infobae, la solicitud de declaración de procedencia fue presentada el pasado 6 de julio por el fiscal de la Subunidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, Iván Hernández González, como parte de la investigación que mantiene abierta la Fiscalía por el asesinato de la comunicadora.
La Fiscalía estatal sostiene que el móvil del crimen estaría relacionado con una fotografía que presuntamente tenía la periodista, en la que el alcalde aparecía portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, situación que habría motivado la orden para privarla de la libertad y posteriormente asesinarla.
Según el expediente entregado al Congreso de Veracruz y citado por el diario Reforma, un testigo declaró que el edil, militante de Movimiento Ciudadano (MC), contactó a un presunto líder operativo del Grupo Sombra, identificado con los alias de “Shelby” o “Tommy”, para instruir el secuestro y homicidio de Roxana Guzmán.
Las investigaciones ministeriales indican que integrantes de esa organización criminal ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista, ubicado en la colonia 1 de Mayo, en Nanchital; el hecho fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la comunicadora habría sido trasladada al predio denominado El Limonar, en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Ixhuatlán del Sureste, donde presuntamente fue interrogada, agredida físicamente y asesinada con un arma blanca. La Fiscalía también sostiene que los responsables desmembraron e incineraron parcialmente el cuerpo antes de ocultarlo en una fosa clandestina.
Como parte de las diligencias, peritos y agentes ministeriales realizaron un cateo en el predio señalado, donde localizaron restos óseos, fragmentos con indicios de combustión, recipientes con hidrocarburo y el arma que presuntamente fue utilizada para cometer el crimen. La identidad de la víctima fue confirmada oficialmente el 3 de julio mediante los procedimientos periciales correspondientes.
Ocho personas han sido detenidas por este caso: tres hombres y una mujer presuntamente integrantes del Grupo Sombra, cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y José del Carmen “N”, alias “El Delta 7”, quien fue capturado el 25 de junio por elementos de la Secretaría de Marina en Coatzacoalcos.
La Fiscalía también promovió el desafuero del alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, igualmente militante de Movimiento Ciudadano, aunque hasta ahora no ha informado públicamente los delitos que se le atribuyen en ese procedimiento.
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Veracruz, Naomi Edith Gómez Santos, informó que ambos presidentes municipales ya fueron notificados del inicio de los procedimientos de desafuero.
Los ediles cuentan con un plazo de siete días hábiles para presentar por escrito su defensa o comparecer ante la Comisión Instructora, la cual posteriormente elaborará un dictamen que será sometido a votación del Pleno del Congreso.
En caso de aprobarse la declaración de procedencia, los alcaldes perderían la inmunidad procesal y podrían ser sujetos a proceso penal por los delitos que les imputa la Fiscalía.
Tras conocerse la solicitud, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Elena Córdova Molina, afirmó que su partido no respaldará actos de impunidad, aunque pidió que las investigaciones se desarrollen con estricto apego a la ley, respeto a la presunción de inocencia y sin que exista un uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Por su parte, Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, reconoció los avances en la investigación, pero pidió a las autoridades evitar la fabricación de responsables y continuar las indagatorias hasta esclarecer totalmente el caso.
También solicitó investigar a Karina “N”, coordinadora de la Policía Municipal de Nanchital, y localizar a José Luis “N”, policía municipal que permanece prófugo y es señalado por su presunta participación en el homicidio.
El asesinato de Roxana Guzmán se suma a los casos de violencia contra periodistas registrados en el país, un fenómeno que ha mantenido la atención de organismos nacionales e internacionales dedicados a la defensa de la libertad de expresión y la protección del ejercicio periodístico. (Mas).
