Con la aplicación del nuevo Programa Frontera Sur del gobierno federal, se presentó un incremento de 29,804 deportaciones, al comparar datos de 2013 con los de 2014, indicó en un informe este miércoles la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem).
En 2013, de acuerdo con el estudio, se registró un total de 77,395 migrantes centroamericanos deportados, y en 2014, un total de 107,199: guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
El reporte titulado Migrantes Invisibles, violencia tangible indica que con la ejecución del Programa Frontera Sur ha ocurrido un endurecimiento de la política migratoria mexicana.
De acuerdo con la página de la presidencia de México, el mandatario Enrique Peña Nieto y su homólogo guatemalteco Otto Pérez Molina pusieron en marcha el Programa Frontera Sur el 7 de julio de 2014, con objetivos como proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y ordenar los cruces internacionales.
«(Sin embargo) el aumento en deportaciones tiene que ver también con el incremento en el número de inspecciones migratorias que se realizaron en las rutas que comúnmente son utilizadas por las y los migrantes», apunta el texto de Redodem, red conformada por cerca de 20 organizaciones, de estados como Chiapas, Veracruz, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Distrito Federal, Coahuila y Nuevo León.
«Teniendo como principal resultado el incremento en la vulnerabilidad de las y los inmigrantes en México, quienes, como se ha señalado anteriormente, son triplemente victimizados», agrega.
La primera victimización se origina por las causas que los llevan a salir de su país, una más se refleja en los delitos de que son víctimas en su tránsito por México, y finalmente la que viven en el momento de su deportación.
El estudio menciona que los principales delitos y violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades mexicanas en contra de los migrantes centroamericanos están vinculadas con: robos o ataques al derecho de propiedad privada (75.88%), violaciones al derecho a la integridad física (17.25%) y al derecho a la libertad personal (6.86%).
En total, durante 2014 se realizaron 758 inspecciones de inmigración a nivel nacional, a cargo de autoridades federales, sin contar acciones del orden local, según Redodem.
«El punto de inflexión fue la crisis humanitaria de los menores migrantes no acompañados que se vivió en Estados Unidos entre los meses de junio y septiembre. Este hecho fue tomado como justificación para implementar en México el Plan Integral Frontera Sur», critica en el reporte.
«Con la práctica de este programa no decreció el número de migrantes; la violencia, el riesgo y la vulnerabilidad de los mismos fue en aumento de modo constante», apunta en sus conclusiones.
El programa, desde su análisis, ha tenido como consecuencia la detención y eventual deportación de cientos de personas, sin que se considere la situación de riesgo que puedan tener en su país al ser deportados.
Análisis por entidad
Los estados en donde se cometió la mayor parte de los delitos contra los migrantes, de acuerdo con el reporte, son: Chiapas, Veracruz y Oaxaca.
El principal delito que se registró en los tres estados fue el robo (Oaxaca 79.69%, Veracruz 74.07% y Chiapas 40%).
Autoridades involucradas
Entre las instituciones que cometieron una mayor violación al derecho a la propiedad privada de los migrantes, según Redodem, están: Policía Federal (41.08%), policía municipal (23.72%), grupo policiaco indeterminado (13.94%), policía estatal (11.74%), agentes del Instituto Nacional de Migración (6.60%), Ejército (1.47%), judiciales (0.73%), instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (0.49%) y Marina (0.24%). Fuente: CNN
