Autoridades federales y de Guanajuato decomisaron más de 59 millones de litros de gasolina y diésel cuyo origen legal no ha podido ser acreditado, durante un cateo realizado en un inmueble de la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide, sin que una sola persona fuera detenida durante el operativo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró este viernes que las investigaciones derivarán posteriormente en capturas de personas relacionadas con el almacenamiento y distribución del combustible.
De acuerdo con información de EFE, García Harfuch respondió a los cuestionamientos por la ausencia de detenciones pese a la magnitud del aseguramiento, considerado uno de los mayores decomisos de hidrocarburos realizados en México.
“En este caso no va a ser la excepción, va a haber detenidos”, afirmó el funcionario, al señalar que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables de la operación de las instalaciones.
La FGR estableció que en el inmueble fueron localizados exactamente 59 millones 36 mil 870.527 litros de hidrocarburos, de los cuales 33 millones 504 mil 067.406 litros corresponden a gasolina regular, 18 millones 265 mil 989.504 litros a diésel y siete millones 266 mil 813.617 litros a gasolina premium.
La autoridad federal sostiene que no ha sido acreditada la procedencia legal del producto.
El cateo fue ejecutado en la comunidad de La Fragua con autorización de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato.
Además del combustible, las autoridades estatales reportaron el aseguramiento de 10 tanques de almacenamiento, 7 unidades de carga, diversos contenedores y documentación vinculada con las operaciones investigadas. El inmueble y todos los indicios quedaron bajo responsabilidad del Ministerio Público Federal.
La magnitud de la operación contrasta con el hecho de que el predio fue asegurado sin capturas.
García Harfuch defendió que en investigaciones de esta naturaleza las detenciones no necesariamente ocurren al momento de localizar combustible o instalaciones, sino posteriormente, una vez que las autoridades reúnen elementos sobre las personas que participaron en su almacenamiento, traslado, comercialización o posible introducción ilegal al mercado.
“En todos los casos donde ha habido aseguramientos grandes o pequeños hay detenidos”, señaló.
El decomiso, sin embargo, no surgió de una investigación iniciada esta semana. El expediente se remonta al 3 de julio de 2026, cuando fue detenida una persona mientras presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad para 33 mil litros en una gasolinera del municipio de San Luis de la Paz; el detenido no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo y ese hecho permitió abrir nuevas líneas de investigación.
“De una pipa se sacó toda la información para este predio”, explicó García Harfuch al describir la ruta que condujo hasta las instalaciones de San José Iturbide. A partir de aquella primera detención, el Ministerio Público Federal obtuvo autorizaciones judiciales para continuar las diligencias y seguir la cadena de distribución del combustible.
Las investigaciones condujeron primero a un cateo en la gasolinera de San Luis de la Paz vinculada con la descarga inicial; posteriormente, las autoridades revisaron un inmueble utilizado para el despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente llegaron al complejo de La Fragua, en San José Iturbide, donde encontraron almacenados los más de 59 millones de litros.
La FGR informó que las diligencias forman parte de las indagatorias contra posibles redes relacionadas con el contrabando y manejo irregular de combustibles.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló este viernes que la Fiscalía sigue investigando tanto la procedencia como el destino que habría tenido el combustible.
La mandataria indicó que se busca reconstruir la ruta seguida por los hidrocarburos y establecer quiénes operaban las instalaciones, dentro de una investigación en la que participan también Petróleos Mexicanos y autoridades de Guanajuato.
Uno de los puntos que permanece sin esclarecer públicamente es la situación jurídica del inmueble. García Harfuch afirmó que el predio pertenece a Pemex, aunque precisó que corresponderá a la FGR proporcionar la información detallada sobre la propiedad, operación y utilización de las instalaciones. Las autoridades tampoco han establecido públicamente quién tenía bajo su control el lugar cuando se efectuó el cateo.
El secretario de Seguridad evitó además atribuir la operación del sitio al Cártel de Santa Rosa de Lima o a alguna otra organización criminal mientras no concluyan las investigaciones.
La Fiscalía tampoco ha determinado oficialmente si el hidrocarburo provino del robo directo a instalaciones de Pemex, de contrabando o de alguna otra modalidad de comercialización ilegal, por lo que hasta ahora la definición oficial es que se trata de combustible cuya procedencia y trazabilidad no han sido acreditadas.
Las autoridades de Guanajuato señalaron que, debido al enorme volumen encontrado, las labores de medición, identificación y manejo del combustible requieren supervisión especializada para reducir los riesgos de derrames, incendios y afectaciones ambientales. Tanto los hidrocarburos como los tanques, vehículos, contenedores y documentos permanecerán asegurados mientras se practican los peritajes correspondientes.
