El Juzgado Primero de Distrito, radicado en Mérida, Yucatán, concedió una suspensión definitiva para efectos de frenar la tala y desmonte de selva realizados en el Tramo 5, de Cancún a Tulum, del megaproyecto Tren Maya, hasta resolver de fondo, el amparo 2878/ 2022, promovido por habitantes en esa región.
El incidente de suspensión señala textualmente que debe “paralizarse” cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la tala o el desmonte en los terrenos que comprenden el Tramo 5 Sur y 5 Norte del Tren Maya, “de modo que no se permita la remoción o destrucción de la flora del terreno, en las áreas que se encuentren fuera de la superficie en la que se autorizó el cambio de uso de suelo en terrenos forestales”.
Dicha autorización se emitió el pasado 15 de diciembre, conforme al oficio SPARN/ DGGFSOE/ 418/ 1306/ 2022, por el director de Aprovechamiento Forestal, como encargado de despacho de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico.
La obtención de esta nueva suspensión definitiva fue dada a conocer por el colectivo Sélvame del Tren, como una medida que frena “la obra ilegal que afecta el patrimonio de todos los mexicanos”.
Sin embargo, en entrevista con EL UNIVERSAL, el espeleólogo, José Urbina, recordó que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –encargados del Tramo 5– desacataron la suspensión provisional, otorgada a mitad de enero pasado por el Juzgado Primero de Distrito.
Originalmente, dicho juzgado se había negado a otorgar la suspensión provisional, pero terminó emitiéndola, luego del recurso de queja –35/ 2023– presentado ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y resuelto a favor de los promotores del amparo.
Urbina explicó que pese a estar vigente esa suspensión, el gobierno federal prosiguió los trabajos de desmonte y tala, lo cual ha sido documentado mediante fotografías y videos, fruto de los recorridos hechos por integrantes de Sélvame del Tren o de otros ciudadanos y jóvenes activistas, de forma autónoma y voluntaria, ante la devastación e ilegalidad de los trabajos.
“Esperamos que esta vez se respete esta suspensión definitiva, cuya importancia consiste en que protege toda la selva y los árboles que se pretende seguir talando, obligados por las desviaciones que pretenden esquivar las cavernas, cenotes y los vestigios arqueológicos que están sobre el trazo”, dijo.
Sucede que los trabajos que iniciaron desde hace casi un año sin autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se han realizado prácticamente en línea recta, pero han tenido que desviarse a medida en que se ha ido confirmando lo advertido por espeleólogos, científicos, académicos, ambientalistas y biólogos que conocen la región: La existencia de cavernas llenas de vestigios arqueológicos; ríos subterráneos y cenotes diversos.
Lo anterior ha provocado que se devasten extensiones aún más amplias de selva, que tampoco cuentan con autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
Ahora, como parte del juicio, se exhibió una autorización en esa materia, expedida en diciembre pasado y citada en el incidente de suspensión definitiva.
Al respecto, Urbina aclaró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estaba impedida legalmente a expedir tal permiso, pues en la zona debería haberse declarado una veda, al ser desmontada sin autorización.
La Ley General de Desarrollo Forestal (LGDFS) en su artículo 97 establece que no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales donde la pérdida de cubierta forestal fue ocasionada por incendio, tala o desmonte sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado.
“De respetarse el Estado de Derecho, las obras debieron haberse parado y el proyecto debería estar cancelado ante la imposibilidad de proseguir obras que comenzaron de forma ilegal y siguen siendo ilegales.
“Se están hincando pilotes a profundidad en terrenos kársticos y se pretende construir un ‘puente atirantado’ sin que eso aparezca en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni en el resolutivo como algo autorizado; y por otro lado tenemos la devastación de la selva sin el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, desde el día uno en que comenzaron las obras”, subrayó. (El Universal).
