Tamaulipas concentra la mayor parte de las operaciones vinculadas al denominado huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles provenientes de Estados Unidos que, de acuerdo con investigaciones periodísticas y documentos oficiales, involucra a presuntos integrantes del crimen organizado, empresarios y funcionarios encargados de las aduanas marítimas y terrestres de la entidad.
De acuerdo con información publicada por El País, una base de datos elaborada con documentos de inteligencia, expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) y estadísticas de comercio exterior revela que, de 2 mil 800 millones de litros de productos derivados del petróleo importados por diez empresas investigadas desde 2019, cerca de 2 mil 700 millones ingresaron al país por las aduanas de Tampico, Altamira, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.
La investigación señala que el puerto de Tampico fue escenario de uno de los aseguramientos más relevantes relacionados con este esquema.
En marzo de 2025, autoridades inspeccionaron el buque Challenge Procyon, cuyo manifiesto de carga reportaba aditivos para lubricantes; sin embargo, en su interior fueron localizados millones de litros de diésel, lo que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de combustible, 192 contenedores y 32 vehículos.
Las indagatorias posteriores apuntan a una presunta red integrada por empresarios, funcionarios aduanales y mandos de la Secretaría de Marina que habría introducido al menos 564 millones de litros de combustible mediante 69 embarcaciones entre 2023 y 2025. La Fiscalía investiga a 19 personas relacionadas con operaciones en los recintos portuarios de Tampico y Altamira.
En las aduanas terrestres también se mantienen investigaciones. El reportaje refiere que tres mandos militares permanecen prófugos, acusados de permitir el ingreso ilegal de alrededor de 144 millones de litros de hidrocarburos a través de la aduana de Matamoros entre junio de 2024 y julio de 2025.
La publicación también retoma documentos filtrados del Servicio de Administración Tributaria en los que se señala que la mayor parte de la logística para el contrabando de combustibles se desarrolla en Tamaulipas debido a su infraestructura y ubicación geográfica como principal punto de conexión con Texas.
Entre los personajes vinculados con este fenómeno figura Sergio Carmona, empresario tamaulipeco conocido como El rey del huachicol, asesinado en 2021 en Nuevo León. Diversas investigaciones periodísticas han señalado presuntas redes de relaciones entre Carmona, empresarios y actores políticos de distintos partidos, aunque los procesos judiciales sobre esos señalamientos permanecen abiertos.
La investigación también menciona a Roberto Blanco Cantú, identificado como El señor de los buques, quien permanece prófugo y es señalado como presunto operador logístico de empresas dedicadas al transporte y distribución del combustible ingresado ilegalmente al país.
En agosto de 2025, la FGR informó sobre la detención en Reynosa de un presunto integrante del grupo criminal Los Metros, relacionado con el asesinato del delegado de la institución en Tamaulipas, Ernesto Vásquez Reyna. Las autoridades vincularon ese homicidio con operativos de aseguramiento de hidrocarburos ilícitos realizados en la entidad.
El reportaje añade que agencias estadounidenses, entre ellas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), han emitido alertas sobre operaciones de contrabando de combustibles en la frontera entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con esos organismos, durante el último año se detectaron 160 reportes de actividades financieras sospechosas relacionadas con operaciones valuadas en alrededor de 7 mil millones de dólares, principalmente entre las ciudades de Brownsville, McAllen y Eagle Pass, en Texas, y los cruces fronterizos de Tamaulipas y Coahuila.
La investigación concluye que el huachicol fiscal constituye un esquema de carácter transnacional que involucra rutas marítimas y terrestres, redes empresariales y organizaciones criminales, por lo que especialistas consideran necesaria una coordinación binacional para combatir el tráfico ilícito de combustibles y reducir las pérdidas económicas ocasionadas a ambos países. (Mas).
