La investigación de la UIF alcanza a siete empresas proveedoras de materiales electorales; Guadalupe Taddei solicitó revisar las licitaciones del organismo
CIUDAD DE MÉXICO.— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) fue convocada a revisar los procedimientos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE), en medio de señalamientos por presuntas irregularidades financieras, posibles conflictos de interés y anomalías en licitaciones para la adquisición de materiales electorales.
La revisión fue solicitada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien anunció que recurriría a la ASF para esclarecer las acusaciones relacionadas con proveedores del organismo y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El caso cobró relevancia luego de que trascendiera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras del INE y de organismos electorales estatales por posibles prácticas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y operaciones presuntamente vinculadas con empresas factureras.
De acuerdo con reportes periodísticos, las indagatorias incluyen compañías relacionadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, así como posibles vínculos con personas que ocuparon cargos administrativos en el organismo electoral.
Entre las empresas mencionadas en los reportes figuran Corporativo Zeg, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Las autoridades buscan determinar si existieron relaciones empresariales o financieras que pudieran haber afectado la competencia en los procedimientos de contratación.
Los señalamientos también han generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en el entorno de la presidencia del INE.
Taddei ha rechazado que existan favoritismos en la asignación de contratos y ha sostenido que las adquisiciones están sujetas a mecanismos de control y fiscalización.
En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que se realicen todas las auditorías necesarias y sostuvo que no debe existir ninguna sombra de corrupción en el organismo encargado de organizar las elecciones.
La controversia ocurre en la antesala de las elecciones federales de 2027, por lo que la revisión de los contratos y el esclarecimiento de las denuncias representan un asunto relevante para la transparencia institucional y la confianza pública en las autoridades electorales.
Hasta el momento, los señalamientos deben considerarse presuntos hechos sujetos a investigación y no constituyen, por sí mismos, una determinación definitiva de responsabilidad administrativa o penal.
La revisión anunciada deberá establecer si existieron irregularidades y, en su caso, deslindar responsabilidades.
