La economía mexicana mantiene señales de debilidad y enfrenta expectativas limitadas de crecimiento cuando está por cumplirse el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum, en un entorno marcado por menor dinamismo productivo, incertidumbre para la inversión, presiones sobre las finanzas públicas y elevados costos derivados del endeudamiento, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Según información publicada por Forbes, el organismo asesor del Consejo Coordinador Empresarial advirtió que durante el segundo año del actual sexenio se observa un deterioro de la actividad económica asociado tanto a factores externos como internos. Entre ellos ubicó la política comercial de Estados Unidos, la incertidumbre ocasionada por la reforma judicial y la persistencia de elevados niveles de violencia e inseguridad en el país.
El CEESP consideró que el debilitamiento de la actividad productiva también puede estar relacionado con la percepción de que existe infraestructura insuficiente en sectores estratégicos, principalmente energía y agua, además de la falta de claridad respecto de la manera en que se garantizará en los próximos años la disponibilidad de esos recursos para sostener nuevas inversiones y proyectos productivos.
El organismo señaló que los indicadores económicos continuaron mostrando debilidad al inicio del segundo trimestre de 2026, circunstancia que mantiene elevados los niveles de incertidumbre. Ante ese panorama, planteó que México necesita conservar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la posición financiera y fiscal del gobierno, condiciones que considera indispensables para impulsar la inversión privada y ampliar la participación empresarial en el desarrollo del país.
Las previsiones de los especialistas para el comportamiento de la economía durante 2026 también reflejan cautela, pues se mantienen por debajo de la expectativa oficial de crecimiento de 2.3 por ciento. Para el CEESP, el ritmo previsto resulta insuficiente para generar mejores condiciones de bienestar para la población y alcanzar una expansión sostenida de la actividad económica.
El centro de estudios subrayó que una de las principales condiciones para elevar el crecimiento es aumentar los niveles de inversión en México, aunque señaló que la infraestructura continúa recibiendo recursos limitados dentro del gasto público. Entre enero y junio de 2026, la inversión física del sector público registró una disminución anual de 7.9 por ciento en términos reales, resultado que contrasta con el incremento de 10 por ciento estimado para el conjunto del año.
La presión sobre las finanzas públicas representa otro de los factores que generan preocupación. Aunque el gobierno ha realizado esfuerzos para avanzar en la consolidación fiscal, el CEESP indicó que también aumentan las necesidades de recursos para financiar programas sociales y proyectos considerados prioritarios, mientras los ingresos públicos resultan insuficientes para cubrir la totalidad de los compromisos asumidos por el sector público.
En ese escenario, la administración de Sheinbaum ha continuado recurriendo al endeudamiento. Al cierre de junio de 2026, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público llegó a 19 billones de pesos, mientras que el costo financiero acumulado ascendió a 693 mil millones de pesos, equivalente a 14.3 por ciento del gasto total ejercido durante la primera mitad del año.
Las estimaciones oficiales citadas por el CEESP anticipan que al finalizar 2026 la deuda pública podría superar los 20 billones de pesos y que su costo financiero alcanzaría 1.5 billones de pesos. Esa cantidad equivaldría a 15.2 por ciento del gasto total y a 4.1 por ciento del Producto Interno Bruto, además de ubicarse cerca de 60 por ciento por encima de los recursos previstos para inversión física.
El organismo destacó que el incremento del costo de la deuda se vuelve más evidente al comparar la situación actual con la registrada al cierre de 2018, cuando el pago de intereses representaba 2.5 por ciento del PIB. El aumento de esas obligaciones reduce el margen presupuestario disponible para destinar recursos a infraestructura, inversión y otras áreas con capacidad para impulsar el crecimiento económico.
Para el CEESP, las dudas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas se han convertido en otro elemento de incertidumbre respecto del desempeño de la economía durante los próximos años. Por ello, consideró que el proyecto de presupuesto para 2027, que deberá ser presentado al Congreso, será determinante para evaluar si los esfuerzos de consolidación fiscal son viables y para conocer la trayectoria que podrían seguir las cuentas públicas.
La posibilidad de liberar recursos, sin embargo, enfrenta restricciones debido al número y tamaño de los programas y proyectos prioritarios del gobierno. De acuerdo con el centro de investigación, tan sólo para 2026 esos compromisos representan alrededor de 2.6 billones de pesos, equivalentes a 30 por ciento de los ingresos públicos, situación que limita el margen para modificar la estructura del gasto y elevar la inversión productiva.
De esta manera, a casi dos años del inicio de la administración de Claudia Sheinbaum, el diagnóstico del sector privado apunta a una economía que continúa creciendo por debajo de lo requerido, con inversión pública debilitada, elevados compromisos presupuestarios y un costo financiero creciente.
El CEESP sostiene que revertir esa tendencia exigirá fortalecer las finanzas públicas, mejorar la asignación del gasto, generar condiciones de certidumbre para la inversión y atender las limitaciones de infraestructura que actualmente frenan una expansión económica más sólida. (Mas).
