La Fiscalía General de Baja California y el Gobierno estatal contrataron entre 2022 y 2025 a Inteliproof Efficient, empresa que fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red vinculada al Cártel de Sinaloa. En ese periodo, la compañía recibió contratos para suministrar desde uniformes y equipo táctico hasta sistemas de inteligencia y reconocimiento facial.
De acuerdo con información publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de Baja California otorgó a Inteliproof Efficient decenas de contratos entre 2022 y 2025, cuyo monto acumulado supera los 200 millones de pesos al considerar los convenios documentados por distintas fuentes.
La empresa fue incluida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en un listado de 21 personas y 25 compañías sancionadas por Estados Unidos, como parte de una red que, según las autoridades de ese país, estaría encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, líder de la facción de Los Mayos tras la captura de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada.
De acuerdo con el señalamiento estadounidense, Inteliproof Efficient habría sido utilizada para lavar dinero para René Arzate García, alias “La Rana”, identificado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana. Entre las personas sancionadas también se encuentran Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, socio de la compañía, y Carlos Villela Gómez Santelices, apoderado legal y representante de la empresa en contratos.
Una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia realizada por MCCI identificó 33 contratos otorgados por la Fiscalía estatal a Inteliproof Efficient entre 2022 y 2025, por poco más de 73.2 millones de pesos. De estos, 19 fueron asignados mediante adjudicación directa.
Sin embargo, MCCI señaló que el Semanario Zeta Tijuana documentó previamente contratos de mayor monto. De acuerdo con esa información, solamente durante 2023 la empresa recibió 10 contratos de la Fiscalía por más de 101 millones de pesos, además de otros 11 registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia por 10.6 millones de pesos.
Para 2022, Zeta Tijuana reportó 15 contratos por más de 49 millones de pesos, mientras que en la Plataforma Nacional de Transparencia aparecen cuatro contratos de ese año por 6.4 millones. Para 2024, MCCI identificó al menos seis contratos por más de 17 millones de pesos y para 2025 otros ocho por más de 33.2 millones.
Los contratos abarcaron las gestiones de Iván Carpio Sánchez, quien encabezó la Fiscalía de enero de 2022 a agosto de 2023, y de María Elena Andrade Ramírez, actual titular del organismo, quien fue elegida por mayoría calificada por el Congreso de Baja California en agosto de 2023 para un periodo de seis años.
Entre los convenios identificados se encuentra uno por 8.1 millones de pesos otorgado en 2024 para el suministro de uniformes tácticos para la corporación, financiado con recursos autorizados del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Además de la Fiscalía, el Gobierno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contrató a Inteliproof Efficient. Según la revisión de MCCI, la compañía obtuvo al menos siete contratos estatales entre 2022 y 2025 por un total de 16.5 millones de pesos.
En 2022, la empresa recibió un contrato por más de 7.5 millones de pesos para uniformes y equipo de protección destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En 2023 obtuvo dos contratos por más de 2.8 millones de pesos para uniformes del Bachillerato Militarizado y equipo táctico para la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.
Durante 2024 recibió tres contratos por 3.4 millones de pesos para ropa de protección de la Comisión Local de Búsqueda, equipo de cómputo, almacenamiento digital, accesorios, refacciones y accesorios menores para equipo de transporte. En 2025 aparecen otros dos fallos a su favor por 2.8 millones de pesos para equipo antimotín y uniformes destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La contratación de Inteliproof Efficient también alcanzó a gobiernos municipales de Baja California. MCCI encontró contratos con los ayuntamientos de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate, entre ellos al menos cuatro otorgados por Rosarito entre 2022 y 2025, por más de 12.8 millones de pesos.
Algunos de esos contratos municipales correspondieron a la compra de unidades y uniformes para corporaciones policiales y fueron financiados con recursos federales, incluidos recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
La empresa fue constituida en octubre de 2020 en Tijuana. Según las actas públicas del Registro Público de Comercio consultadas por MCCI, desde su creación tuvo como socios a Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Jorge Enrique Figueroa Barrozo, mientras que desde enero de 2022 Carlos Villela Gómez Santelices aparece entre sus apoderados.
Además de sus actividades empresariales, Figueroa Barrozo se desempeñó como presidente de Canacintra en Tijuana y ocupó un cargo federal en la Secretaría de Economía. Hasta el cierre de 2025 fue coordinador del Corredor Económico del Bienestar en Baja California, puesto para el que fue nombrado por Marcelo Ebrard. (Mas).
