La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó que el organismo se convierta en un filtro para detectar posibles narcocandidatos, al considerar que asumir funciones de investigación sobre vínculos criminales pondría en riesgo la imparcialidad y neutralidad del árbitro electoral.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la consejera presidenta expresó sus reservas sobre la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca crear un mecanismo preventivo para identificar posibles nexos entre aspirantes a cargos públicos y grupos del crimen organizado antes de las elecciones de 2027.
La propuesta del Gobierno federal contempla reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por cinco consejeros electorales con periodos de tres años, cuya función sería revisar perfiles de aspirantes y emitir alertas sobre riesgos relacionados con delincuencia organizada, corrupción o financiamiento ilícito.
Según el planteamiento oficial, esta comisión tendría acceso a información proporcionada por organismos como la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, aunque sin iniciar procesos penales o judiciales, sino únicamente como una evaluación preventiva para que los partidos políticos decidan si mantienen o retiran determinadas candidaturas.
Sin embargo, Guadalupe Taddei sostuvo que el INE no cuenta con facultades constitucionales ni herramientas legales para desempeñar tareas de investigación criminal o determinar si una persona representa un riesgo por presuntos vínculos ilícitos.
La titular del órgano electoral subrayó que el instituto debe mantenerse exclusivamente en sus funciones de organización de elecciones y protección de principios como legalidad, equidad y transparencia. También recalcó que el INE no es una autoridad ministerial ni judicial y que la responsabilidad de seleccionar candidatos corresponde únicamente a los partidos políticos.
Taddei advirtió que convertir al instituto en una instancia encargada de juzgar la probidad de aspirantes podría colocarlo en el centro de disputas partidistas y afectar la confianza en su imparcialidad como árbitro electoral.
La iniciativa presidencial surgió después de diversos casos de alcaldes y funcionarios detenidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, especialmente en municipios del Estado de México y Morelos.
El Gobierno federal sostiene que investigaciones recientes, agrupadas bajo la llamada Operación Enjambre, revelaron esquemas de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales mediante financiamiento ilegal de campañas.
Las autoridades federales señalaron que al menos ocho municipios de Morelos habrían sido afectados por estas redes, situación que derivó en órdenes de aprehensión y nombramientos de autoridades interinas en algunas alcaldías.
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la necesidad de establecer mecanismos preventivos tanto para el INE como para los partidos políticos, con el fin de impedir que perfiles presuntamente ligados al crimen organizado aparezcan en las boletas electorales.
La reforma será discutida en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión y ya abrió un debate político y jurídico sobre los límites entre seguridad, democracia y derechos políticos. Mientras el Gobierno federal sostiene que el objetivo es blindar los procesos electorales frente a la delincuencia organizada, especialistas y críticos advierten que el mecanismo podría derivar en decisiones discrecionales o presiones políticas si no se establecen reglas claras y criterios transparentes. (Mas).
