La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuestionó al Gobierno Federal por el manejo de los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y afirmó que la prioridad debe ser la rendición de cuentas por encima de intereses partidistas.
De acuerdo con información de Infobae, la mandataria estatal difundió un mensaje en sus redes sociales en el que relacionó la incertidumbre comercial entre México y Estados Unidos con la confianza de los inversionistas y sostuvo que las decisiones del gobierno estadounidense responden, entre otros factores, a la percepción sobre el combate a la inseguridad y la aplicación de la ley.
Campos Galván hizo referencia a la decisión anunciada por Estados Unidos de mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hasta 2036 con revisiones anuales, luego de que la delegación estadounidense determinó no renovar el acuerdo hasta 2042, situación que, afirmó, genera incertidumbre para la inversión.
La gobernadora señaló que esa condición puede afectar la llegada de capitales y la generación de empleos, especialmente en entidades con una alta dependencia de la industria manufacturera y de exportación, como Chihuahua.
Como ejemplo, mencionó el traslado de parte de la producción de una empresa automotriz de Tijuana hacia Texas.
Durante su posicionamiento, la mandataria estatal también aludió al caso de Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por autoridades estadounidenses junto con otras personas por presuntos vínculos con una organización delictiva.
Indicó que, a su juicio, no se han dado a conocer avances sobre las investigaciones relacionadas con ese expediente.
Asimismo, cuestionó la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que ha señalado que no existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el mandatario con licencia. Campos Galván sostuvo que las personas señaladas deben comparecer ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
En su mensaje, la gobernadora dirigió un llamado al Gobierno Federal para que, afirmó, se priorice el cumplimiento de la ley sobre los intereses políticos. «La patria es primero, no su partido», expresó al referirse a la responsabilidad de las autoridades de garantizar la seguridad y la procuración de justicia.
La mandataria también recordó las diferencias que ha mantenido con el Gobierno Federal tras el operativo de seguridad realizado en Chihuahua entre el 17 y el 19 de abril, en el que participaron agentes estadounidenses.
Ese hecho generó un intercambio de posicionamientos entre autoridades estatales y federales sobre la colaboración internacional en materia de seguridad.
Tras ese operativo, la Fiscalía General de la República citó a declarar a la gobernadora como testigo respecto a la participación de los agentes extranjeros. Campos Galván consideró entonces que esa actuación constituía una persecución política, mientras que el Gobierno Federal sostuvo su postura respecto a la investigación de los hechos. (Mas).
