Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, habría iniciado acercamientos con autoridades de Estados Unidos para negociar una eventual entrega después de que el Departamento de Justicia estadounidense lo acusó de presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el periodista y escritor especializado en crimen organizado Jesús Lemus Barajas aseguró que, desde el sábado pasado, uno de los abogados del mandatario estatal con licencia habría establecido contacto con fiscales federales estadounidenses con la finalidad de explorar las condiciones de una posible negociación.
Lemus Barajas afirmó que el acercamiento no correspondería únicamente a una consulta preliminar, sino a una decisión que podría conducir a la entrega de Rocha Moya ante las autoridades de Estados Unidos.
“Este fin de semana, uno de sus abogados abrió la posibilidad (de negociar). Con Estados Unidos está buscando la posibilidad de sentarse a negociar y a dialogar. Se va a entregar sin duda alguna”, sostuvo.
Según el periodista, el contacto habría sido realizado directamente con la fiscalía estadounidense para determinar si existen condiciones para celebrar una reunión y analizar la posibilidad de que el gobernador con licencia proporcione información a cambio de beneficios judiciales, entre ellos su eventual incorporación como informante o testigo protegido.
Las versiones sobre la posible negociación se presentan mientras Rocha Moya busca recuperar su cargo al frente del Gobierno de Sinaloa, del que se separó el 2 de mayo, tres días después de que las autoridades estadounidenses formularon las acusaciones en su contra.
No se ha difundido una confirmación oficial del mandatario, de sus representantes legales o del Departamento de Justicia sobre los supuestos contactos.
Lemus Barajas aseguró que Rocha Moya permanece bajo una vigilancia estrecha de elementos federales y que habría solicitado mayor libertad de movimiento, además de plantear a la presidenta Claudia Sheinbaum su intención de regresar al gobierno estatal.
“Está preso en su propia casa, rodeado por elementos del gobierno federal. Y entonces él pide más movilidad, ya le estaba pidiendo a la presidenta regresar a su cargo, pero la presidenta le ha dicho que con calma. Y por eso que es, al parecer, es por eso que se dio el movimiento de buscar la conexión con el gobierno norteamericano”, declaró.
El escritor consideró que el envío de un abogado para establecer comunicación con fiscales estadounidenses demostraría que la posibilidad de negociar ya se encuentra avanzada.
“Yo creo que ya no es una consideración porque desde el momento en que manda a un abogado a ser intermediario con el gobierno norteamericano, con la fiscalía del gobierno de Estados Unidos, pues yo creo que ya la consideración está bien definida. Ya lo está buscando”, afirmó.
Una eventual colaboración con Estados Unidos obligaría a Rocha Moya, de acuerdo con el análisis de Lemus Barajas, a aceptar responsabilidad por los delitos que se le imputan y a proporcionar información relevante sobre personas con una posición superior dentro de la supuesta estructura criminal investigada. Esos datos podrían ser utilizados para fortalecer expedientes existentes o iniciar nuevas acusaciones.
“La única opción es que él se tendría que declarar responsable de lo que le están acusando y tendría, porque Estados Unidos solamente negocia con alguien que va a poner a alguien más arriba. Tendría que poner a alguien que estaba en la superioridad de ese entorno criminal en el que estaba Rocha Moya”, explicó el periodista al referirse a las condiciones que podrían ser exigidas por la fiscalía federal.
El posible acercamiento ocurre después de que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y uno de los nueve señalados en el expediente, se entregó a las autoridades estadounidenses tras salir de México por Sonora. Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde también se encuentra Ismael “El Mayo” Zambada.
Diversos reportes también han señalado que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, se habría entregado a Estados Unidos luego de ser incluido en las acusaciones. Sin embargo, no aparece públicamente registrado bajo custodia de las autoridades de ese país, por lo que su situación jurídica no ha sido confirmada oficialmente.
Para Lemus Barajas, las entregas de otros exfuncionarios habrían incrementado la presión sobre Rocha Moya, debido a la posibilidad de que proporcionen información relacionada con su presunta participación en la red investigada.
“Gerardo Mérida, el general, va a ponerlo (en la mira). Yo creo ya midió bien sus posibilidades y sabe que es insostenible su posición actual. No puede aguantar toda la vida esa posición, porque ponle que aguante su sexenio, ¿quién le garantiza que el que viene no va a terminar peor en la cárcel?”, manifestó.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente el 29 de abril de 2026 a Rocha Moya y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por delitos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer ese tipo de armamento.
La acusación fue presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y señala a los involucrados por presuntamente brindar protección política e institucional a Los Chapitos, con el propósito de facilitar las actividades delictivas de esa facción del Cártel de Sinaloa y evitar acciones de las autoridades en su contra.
Los documentos judiciales también sostienen que integrantes de Los Chapitos habrían respaldado a Rocha Moya para obtener la gubernatura de Sinaloa mediante actos de intimidación y el presunto secuestro de adversarios políticos. Además, lo señalan por supuestamente participar en reuniones con miembros de la organización y otorgarles protección.
Mientras no exista una confirmación de las autoridades involucradas, la supuesta negociación permanece sustentada en las declaraciones de Lemus Barajas. La posible entrega, de concretarse, profundizaría la crisis política de Sinaloa y abriría una nueva etapa en la investigación estadounidense sobre los presuntos vínculos entre servidores públicos y la estructura criminal de Los Chapitos. (Mas).
