El gobierno de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el narcotráfico y sus presuntos vínculos con estructuras oficiales mexicanas, luego de que el Departamento de Justicia instruyera a fiscales federales a utilizar leyes antiterroristas para procesar a funcionarios señalados de colaborar con cárteles. La medida forma parte de la estrategia impulsada por el presidente Donald Trump tras declarar a varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas.
La información fue difundida por The New York Times, que además publicó una investigación de página completa sobre la presunta red de protección política y policial que permitió durante años la operación del Cártel de Sinaloa en distintas regiones del estado.
El reportaje, firmado por la periodista Paulina Villegas, documenta testimonios de integrantes de Los Chapitos y de Los Mayos sobre la colaboración de autoridades civiles, policiales e incluso militares con la organización criminal.
De acuerdo con la publicación, la instrucción del Departamento de Justicia fue dada a conocer durante una llamada interna con fiscales regionales y busca ampliar el margen legal para perseguir no sólo a integrantes de grupos criminales, sino también a funcionarios públicos que habrían facilitado actividades de narcotráfico desde sus cargos.
La nueva línea de acción coincide con una acusación presentada en Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, en uno de los expedientes más delicados abiertos en Estados Unidos por presuntos vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
Según la acusación, varios actores políticos mantuvieron durante años relaciones con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, apoyo electoral y protección institucional.
La investigación periodística sostiene que el grupo criminal logró construir “una arquitectura invisible” de protección dentro de distintos niveles del gobierno mexicano, lo que permitió el traslado de drogas y armas mediante alertas sobre operativos, rutas seguras, códigos de identificación y filtración de información oficial.
Los testimonios recabados por el diario estadounidense describen cómo policías y mandos locales participaban en detenciones selectivas, rastreo de rivales y operativos coordinados con miembros del cártel.
Uno de los entrevistados aseguró que incluso existía colaboración de algunos elementos militares en retenes y puntos de revisión. Según su relato, integrantes del grupo criminal podían cruzar cargamentos de droga o armamento utilizando palabras clave previamente acordadas con soldados destacados en puestos de control.
La publicación también menciona que, en ocasiones, miembros del cártel participaron vestidos con uniformes oficiales en operativos policiales para cometer delitos bajo apariencia institucional.
El reportaje señala además que Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, habría apoyado políticamente a Rubén Rocha Moya durante el proceso electoral de 2021 mediante acciones de intimidación, secuestros y robo de boletas contra adversarios políticos.
Aunque las versiones forman parte de testimonios obtenidos por el diario, la investigación afirma que fiscales estadounidenses consideran que existió una relación prolongada entre líderes del cártel y actores políticos en Sinaloa.
The New York Times expone que la red de protección se mantuvo activa incluso después de la fractura interna entre Los Chapitos y Los Mayos, conflicto que se intensificó desde septiembre de 2024.
Sin embargo, operadores del grupo criminal reconocieron que la captura de Ismael “El Mayo” Zambada debilitó parte de esa estructura de respaldo institucional que durante años facilitó sus operaciones.
La publicación también advierte que el problema de colusión entre autoridades y crimen organizado no se limita a Sinaloa.
El reportaje menciona antecedentes en otras entidades mexicanas, como los casos del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia; el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington; y las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.
Según el diario estadounidense, parte de las reacciones en Sinaloa reflejan preocupación por el alcance de las investigaciones abiertas en Estados Unidos y por las posibles consecuencias políticas y judiciales derivadas de las acusaciones.
Integrantes del propio Cártel de Sinaloa consultados por el periódico estadounidense reconocieron que la pérdida de respaldo gubernamental podría representar un golpe severo para algunas facciones de la organización criminal. (Mas).
