Franja Sur
Persecución política en Tabasco
René Alberto López
El caso de Jorge Montaño Ventura, ex magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), a quien recientemente el Congreso local le aplicó el desafuero, despide un fuerte hedor a venganza política. Uno podría preguntarse a estas alturas ¿quién ordena en Tabasco violentar burdamente las leyes para sólo exhibir a las instituciones?
En este año se han dado en nuestro estado varios casos en los que las autoridades patean el estado de derecho y al final tienen que recular cuando los afectados, con la ley en la mano, demuestran su error a los violadores de la legalidad.
Los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), con una maniobra absurda, intentaron despojar de diputaciones plurinominales cuando menos a tres dirigentes partidistas, pero el dardo envenenado tenía como blanco al dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Federico Madrazo Rojas. El militante opositor tuvo que recurrir a la defensa legal para recuperar lo que en justicia le correspondía.
Antes de ello, los tribunales federales le habían corregido la plana a ese mismo organismo por no respetar la Ley Electoral del Estado de Tabasco y se querían pasar por el arco del triunfo la paridad de género.
La misma mano que mece la cuna, también ordenó ponerle trabas en el Congreso del estado a Mario Llergo, a quien por ley le corresponde la diputación que dejó vacante el priista Pilar Córdova. Tanto es así que finalmente este jueves a las 16:00 horas tomará protesta en el Congreso del estado.
Ahora ese rencor desquiciado que ha deformado a este gobierno estatal, pretende enjuiciar al magistrado Jorge Montaño, y, la primera violación en este nuevo episodio de la “vida inútil de un gobierno autoritario”, ha sido manipular a diputados perredistas para desaforarlo, cuando no es de su competencia, por lo que están incurriendo en tal despropósito.
Hubiésemos deseado los tabasqueños, sinceramente, que el apodado “gobierno del cambio” en realidad hubiera hecho las cosas de manera distinta en Tabasco, por ejemplo, que se diera la real división de poderes, como un verdadero gobierno democrático.
Desafortunadamente vivimos más de lo mismo: el Congreso del estado y el poder judicial están a merced del gobernador Arturo Núñez Jiménez, esto es, los mismos vicios, las mismas prácticas, por eso, el régimen perredista es la gran decepción para el pueblo de Tabasco.
Entonces, con ese control que mantiene el mandatario estatal en el Congreso del estado, sobre la mayoría de la bancada del PRD – es un secreto a voces– los abyectos diputados procedieron a desaforar al magistrado Montaño a petición de la Fiscalía General del Estado a cuyo cargo está el flamante cardenense Fernando Valenzuela Pernas.
Dos abogados explicaron ayer a este columnista que no le corresponde al Congreso estatal determinar el desafuero a un magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco, pues afirman que fue el Senado de la República el que lo nombró y le tomó la protesta para asumir dicho cargo.
Montaño es uno de los ex consejeros electorales acusados del presunto delito de la compra fraudulenta del edificio que albergaría al IEPCT, pero por ese mismo caso ya fueron juzgados los ex consejeros Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado –compañeros de Montaño– quienes fueron exonerados de dicho delito, luego entonces el magistrado desaforado también es inocente.
Lo extraño en este tema es que el Congreso del estado presentó la demanda en contra de 20 presuntos implicados, pero sólo han procedido en contra de tres ex consejeros, dos de ellos, Gustavo Rodríguez y Jorge Montaño, casualmente “mal vistos” por el actual gobierno.
¿Pero, por qué tanto rencor en contra de Montaño?, se preguntará el lector, y la respuesta está a flor de labios:
Jorge Montaño fue uno de los magistrados que votó a favor de la anulación de los comicios del municipio de Centro el pasado 15 de agosto. Y, apenas el 2 de octubre último, el TET resolvió sancionar a “la ciudadana Dolores Gutiérrez Zurita, porque la actora, es responsable de haber difundido propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales, encontradas en el portal de internet de dicha institución”.
Sanción contra la coordinadora General de Comunicación Social del gobierno de Tabasco que, por cierto, hasta el momento no han acatado en el gobierno “transparente” de Arturo Núñez Jiménez.
Pero el tema que encolerizó, indignó e hizo rugir en la Quinta Grijalva fue el de Mario Llergo, cuando el pasado 7 de octubre el TET, resolvió que “el H. Congreso del estado tome la protesta Constitucional al ciudadano Mario Rafael Llergo Latournerie”.
Mario Llergo, por si no lo sabe, fue el político ex priista que denunció las trapacerías que están realizando en las oficinas del DIF de Tabasco. Dio pelos y señales de los contratos millonarios con los que se están beneficiando funcionarios de esa noble institución. Esto es, descubrió y destapó la corrupción en el DIF, en un gobierno que se presume honesto.
Ese es el tema, ese es el odio. El magistrado Jorge Montaño lo único que ha hecho, su único pecado es cumplir con su obligación de magistrado electoral, para lo que fue designado por el Senado de la República.
A todas luces Montaño es inocente, pero ¿qué quiere un gobierno represor como el de Arturo Núñez?, refundirlo en la cárcel unos meses para apaciguar la sed de venganza de quien verdaderamente manda en Tabasco. Eso es todo.
Más tarde el magistrado saldrá absuelto, pero el insano propósito de la venganza de este gobierno ruin, alcanzaría su objetivo.
El daño que le hace este gobierno vengativo a sus enemigos y sus familias, además de exhibirlos en la cárcel, es hacerlos gastar dinero en su defensa legal. Así es el gobierno de Arturo Núñez y no como lo pintan sus aduladores.
