El gobierno de Rocío Nahle enfrenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en el manejo de recursos federales destinados a los servicios de salud, luego de que se detectara un probable daño patrimonial por 87 millones 419 mil 439 pesos, relacionado principalmente con el uso de presupuesto de 2025 para cubrir nóminas correspondientes al ejercicio fiscal anterior.
De acuerdo con información publicada por Excélsior, el Informe Individual de la Auditoría 2118, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2025, derivó en un dictamen negativo para la administración estatal, debido a que los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) utilizaron recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) sin acreditar las autorizaciones legales, presupuestales ni la documentación comprobatoria necesaria.
El monto principal observado asciende a 86 millones 920 mil 909 pesos, que fueron tomados del presupuesto federal autorizado para 2025 y destinados al pago de remuneraciones correspondientes al ejercicio fiscal 2024. La ASF señaló que la dependencia estatal no presentó elementos suficientes para justificar el cambio de anualidad en la aplicación de esos recursos.
La observación representa la mayor parte de los 87.4 millones de pesos que permanecen pendientes de aclaración y constituye uno de los principales señalamientos sobre la administración de los fondos federales destinados a la atención médica en Veracruz.
Además del manejo de las nóminas, la auditoría identificó deficiencias en los mecanismos de control interno de los Servicios de Salud estatales, a los que asignó una calificación de 65.4 puntos sobre 100. Entre las irregularidades detectadas se encuentran el incumplimiento de recomendaciones formuladas durante la revisión de la Cuenta Pública 2024 y la permanencia de cuentas bancarias que no cumplían con el carácter de específicas.
La ASF también encontró que en esas cuentas se mezclaron recursos de diferentes procedencias y se efectuaron transferencias cuyo destino legal no pudo ser identificado mediante la documentación proporcionada por la dependencia estatal.
Otro de los señalamientos corresponde al Programa U013, relacionado con la atención médica y los medicamentos gratuitos para personas sin seguridad social. En este rubro se detectaron diferencias por 266 mil 530 pesos en el pago de servicios personales que no fueron debidamente aclaradas por las autoridades responsables.
A estas observaciones se agregaron 232 mil pesos de recursos federales no devengados cuyo reintegro oportuno a la Tesorería de la Federación (TESOFE) tampoco fue acreditado. Ambos conceptos forman parte del monto total pendiente de aclaración por parte del gobierno veracruzano.
El informe fiscalizador también identificó un desajuste contable superior a los 345 millones de pesos en insumos y medicamentos entregados en especie, cuya coordinación y registro correspondían al Gobierno de Veracruz y al sistema IMSS-Bienestar. Esta diferencia requiere conciliación entre ambas instancias y constituye un señalamiento contable adicional al monto de 87.4 millones de pesos observado en la auditoría.
Como consecuencia de los hallazgos, el Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Veracruz radicó nueve expedientes de investigación para determinar si existen responsabilidades administrativas de los servidores públicos relacionados con el manejo y aplicación de los recursos.
Las investigaciones deberán establecer las circunstancias en las que se realizaron los movimientos presupuestales, las razones por las que se utilizaron recursos de un ejercicio fiscal para cubrir obligaciones del anterior y las posibles responsabilidades derivadas de las deficiencias administrativas detectadas.
Por su parte, el Gobierno de Veracruz todavía cuenta con el plazo legal correspondiente para presentar documentación adicional que permita aclarar las operaciones observadas por la autoridad fiscalizadora federal.
Las observaciones de la ASF no constituyen por sí mismas una resolución definitiva de responsabilidad administrativa o penal, ya que las autoridades estatales tienen derecho a aportar elementos para justificar el ejercicio de los recursos y atender los señalamientos.
La revisión coloca bajo escrutinio el manejo del presupuesto federal destinado a los servicios de salud durante 2025, particularmente en lo relacionado con el pago de personal, la administración de cuentas bancarias, el cumplimiento de las obligaciones presupuestales y la coordinación financiera con el sistema IMSS-Bienestar. (Mas).
