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Hijos de Rocha Moya acumulan contratos por 94 mdp con gobiernos de Sinaloa

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Investigación de El Universal documenta empresas familiares, adjudicaciones directas y presuntos sobreprecios en compras del DIF estatal.

Los negocios de los hijos de Rubén Rocha Moya con dependencias gubernamentales de Sinaloa suman alrededor de 94 millones de pesos, de acuerdo con una investigación periodística de El Universal que documentó contratos públicos obtenidos durante más de 15 años, tanto en administraciones anteriores como durante el gobierno del mandatario con licencia.

La investigación revela que los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz fundaron en mayo de 2009 la constructora Chocosa, empresa que apenas ocho meses después obtuvo su primer contrato con la Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa por 292 mil pesos.

Posteriormente, entre 2010 y mediados de 2018, la compañía acumuló contratos por aproximadamente 64 millones de pesos con dependencias estatales y gobiernos municipales.

El reportaje también documenta la creación de al menos nueve empresas por parte de los tres hijos varones de Rocha Moya, junto con amigos y socios, dedicadas a actividades que incluyen construcción, servicios financieros, comercialización agropecuaria y compraventa de ganado.

Uno de los casos señalados es Grupo Rofcar, propiedad de José Jesús Rocha Ruiz, que comenzó a recibir contratos públicos apenas dos meses después de que su padre asumió la gubernatura, en noviembre de 2021.

La empresa comercializó baterías y acumuladores con el Sistema DIF estatal, entonces presidido honoríficamente por Eneyda Rocha Ruiz, hermana del empresario. Durante 2022, el organismo realizó 30 contrataciones directas con Grupo Rofcar.

La investigación también identifica a José Carlos Cárdenas Mellado y Alejandro Félix Miranda como socios y proveedores vinculados con los negocios familiares. El primero, propietario de Frutas y Verduras de ElDorado, facturó alrededor de 25 millones de pesos a instituciones públicas y posteriormente fue nombrado director general del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES), cargo que dejó en octubre de 2026.

COMPRAS CON PRESUNTOS SOBREPRECIOS

Uno de los señalamientos más delicados corresponde a las compras de alimentos realizadas por el DIF estatal durante 2023 para la Casa Cuna y el Centro Gerontológico.

Al comparar las facturas con los precios del Mercado de Abastos de Culiacán, la investigación encontró diferencias de hasta cuatro veces el valor comercial de algunos productos.

Entre los ejemplos se encuentra el kilogramo de chayote, facturado en 81 pesos, cuando su precio de referencia era de 18.40 pesos. También se reportaron piezas de elote a 20 pesos, frente a los seis pesos registrados en el mercado.

Asimismo, el Ayuntamiento de Culiacán adquirió 106 toneladas de bolsas para basura a través de compras directas a la empresa proveedora.

En conjunto, Grupo Rofcar, Frutas y Verduras de ElDorado y sus socios realizaron ventas por aproximadamente 29 millones de pesos al Gobierno de Sinaloa y al Ayuntamiento de Culiacán entre diciembre de 2021 y noviembre de 2024.

SIN COMPETENCIA EN LAS CONTRATACIONES

Otro aspecto documentado es que, de los 14 contratos y 547 órdenes de compra revisados, solamente uno correspondió a una licitación pública; los demás fueron asignados mediante adjudicación directa.

Los señalamientos también llegaron al Sistema Estatal Anticorrupción. A finales de mayo de 2026, el Comité de Participación Ciudadana propuso solicitar investigaciones sobre las contrataciones y posibles conflictos de interés, pero el planteamiento no llegó a discutirse formalmente.

La investigación vuelve a colocar bajo escrutinio las relaciones entre los negocios de la familia Rocha Ruiz y las dependencias públicas de Sinaloa, en un periodo que comprende tanto gobiernos anteriores como la administración de Rubén Rocha Moya.

Los hallazgos periodísticos documentan contratos, operaciones comerciales y posibles irregularidades que ameritan revisión por las autoridades competentes, sin que ello represente por sí mismo una resolución judicial sobre responsabilidades penales o administrativas.