Ciudad de México.— El escándalo por presuntas irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al terreno penal, luego de que su Órgano Interno de Control (OIC) presentó seis denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios y exfuncionarios electorales, así como empresas proveedoras.
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó a la Cámara de Diputados que las denuncias corresponden a posibles delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho, entre otros que determine la autoridad ministerial.
De acuerdo con información difundida por fuentes legislativas, entre las personas que estarían involucradas en las investigaciones figuran la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas.
El funcionario también informó que ocho servidores y exservidores públicos, además de una persona moral, fueron emplazados para comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por posibles faltas graves.
Contratos por 2 mil 461 millones de pesos
Las investigaciones se relacionan con una presunta red empresarial que habría operado mediante cinco compañías vinculadas entre sí, cuyos accionistas incluyen a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.
Según los datos presentados por el titular del OIC ante legisladores, entre 2014 y 2025 estas empresas obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), bajo señalamientos de simulación de competencia y posibles prácticas de colusión.
El caso también alcanzó la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, particularmente por los contratos otorgados a proveedores de material electoral y los presuntos conflictos de interés derivados de sus relaciones con empresarios.
Taddei, bajo investigación
La decisión de presentar las denuncias ocurre después de la renuncia de Taddei a la presidencia del organismo electoral y de que la presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, anunciara que las diez consejerías acordaron llevar ante la FGR las presuntas irregularidades para deslindar responsabilidades.
Cruz aclaró que esa denuncia institucional se formulará contra quien resulte responsable y que las investigaciones podrán alcanzar a funcionarios de distintos niveles, sin limitarse a una sola persona.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó sobre el bloqueo preventivo de 40 objetivos, entre ellos 25 personas y 15 empresas, relacionados con proveedores electorales, además de presentar su propia denuncia ante la FGR.
Las investigaciones continúan y corresponderá a las autoridades ministeriales determinar si existen elementos para acreditar responsabilidades penales. Hasta ahora, los señalamientos no constituyen una sentencia contra las personas mencionadas.
