Los gobernadores de Sonora, Francisco Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, estarían siendo investigados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado y habrían ingresado recientemente a territorio estadounidense mediante permisos especiales de cooperación, según una publicación del diario Los Ángeles Times.
De acuerdo con el medio estadounidense, ambos mandatarios estatales, integrantes de Morena y aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, habrían perdido sus visas estadounidenses en el marco de investigaciones penales en curso.
No obstante, habrían continuado viajando a Estados Unidos bajo un esquema conocido como “libertad condicional por beneficio público significativo”, generalmente utilizado para personas que colaboran con autoridades en investigaciones.
La publicación señala que las pesquisas forman parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump para investigar a funcionarios públicos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales, ampliando el foco más allá de los líderes de los cárteles.
Según fuentes citadas por el periódico, Durazo Montaño es investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado. El gobernador de Sonora habría perdido su visa el año pasado y continuaría ingresando a Estados Unidos para recibir atención médica especializada mediante dicho permiso especial.
En el caso de Villarreal Anaya, la investigación estaría relacionada con el presunto huachicol. El mandatario tamaulipeco rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de pruebas, además de sostener que siempre ha actuado con transparencia y apego a la ley.
El reportaje también refiere que las investigaciones podrían incrementar la presión sobre Morena y sobre la administración de Sheinbaum Pardo, que ha cuestionado públicamente las indagatorias estadounidenses contra funcionarios mexicanos en activo al considerar que podrían representar una injerencia en asuntos internos del país.
Asimismo, el diario menciona que el gobierno estadounidense mantiene abiertas investigaciones contra otros funcionarios mexicanos y que, durante los últimos años, se han revocado discretamente decenas de visas a políticos y servidores públicos de México. (Mas).
