El gobierno de Estados Unidos oficializó la aplicación de un arancel de 10 por ciento a importaciones procedentes de México y de otros países que, a juicio de las autoridades estadounidenses, no han aplicado de manera suficiente medidas para prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro. La medida forma parte de una nueva política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con información de El Financiero, los nuevos gravámenes derivan de una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual Estados Unidos evaluó a alrededor de 60 economías por su desempeño en la prevención del trabajo forzoso.
La administración estadounidense determinó aplicar un arancel de 10 por ciento a los países que cuentan con prohibiciones legales sobre esta práctica, pero que considera insuficientes en su aplicación.
Los nuevos aranceles entrarán en vigor a las 00:01 horas del viernes, tiempo de Nueva York, con el objetivo de evitar un periodo sin gravámenes, luego de que expirara el impuesto global de 10 por ciento impuesto previamente por la Casa Blanca tras la anulación de otras medidas arancelarias por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos.
Tras el anuncio, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó que la nueva disposición no modifica las condiciones comerciales para la mayor parte de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.
Precisó que cerca de 80 por ciento de los productos que cumplen con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) permanecerán exentos del nuevo gravamen.
El funcionario explicó que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, informó previamente a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos.
Añadió que el arancel de 10 por ciento mantiene el mismo nivel que ya enfrentaban algunos productos mexicanos y no altera la posición comercial vigente para las mercancías protegidas por el acuerdo regional.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que los países considerados con mayores deficiencias para combatir el trabajo forzoso enfrentarán un arancel de 12.5 por ciento, mientras que las naciones que cuentan con legislación en la materia, pero cuya aplicación es considerada insuficiente, estarán sujetas a una tarifa de 10 por ciento.
La medida contempla diversas excepciones. Entre los productos excluidos se encuentran combustibles, alimentos y fertilizantes, así como automóviles, metales, medicamentos y otras mercancías que ya se encuentran sujetas a gravámenes específicos por sector. También permanecerán exentos los bienes que cumplen con las disposiciones establecidas en el T-MEC.
Autoridades estadounidenses indicaron que varios gobiernos solicitaron exenciones adicionales y señalaron que el plan incluirá algunas exclusiones generales y otras específicas por país, derivadas de acuerdos alcanzados previamente con la administración de Donald Trump.
La aplicación de estos aranceles representa uno de los principales esfuerzos del gobierno estadounidense por reforzar su política comercial proteccionista, luego de que parte de sus medidas anteriores fueran invalidadas por resoluciones judiciales.
Funcionarios de la administración sostuvieron que la decisión busca proteger a los trabajadores estadounidenses y fortalecer el cumplimiento de estándares laborales en las cadenas internacionales de suministro.
Especialistas consideran que algunos importadores podrían impugnar la legalidad de los nuevos aranceles ante tribunales estadounidenses. Además, analistas advirtieron que persiste incertidumbre sobre la política comercial de la administración Trump, debido a que continúan abiertas otras investigaciones bajo la Sección 301 relacionadas con la capacidad manufacturera de diversos socios comerciales, cuyos resultados podrían derivar en nuevas medidas durante el resto del año. (Mas).
