El proceso judicial de extradición de Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, dio inicio en la capital guatemalteca, donde el Tribunal Quinto de Sentencia decidirá la suerte del político mexicano detenido en Guatemala.
Juan Daniel Lemus, secretario del tribunal, dijo el lunes que los juzgadores están a la espera de recibir el acta de consignación de Duarte del juez de Panajachel, en el departamento de Sololá, donde Duarte fue detenido el sábado pasado.
«Este tribunal ha recibido la orden de detención de la persona que requieren los estados mexicanos. Recibida la consignación, el tribunal resuelve cuándo lo va a mandar a escuchar», dijo Lemus.
El pedido de extradición puede resolverse de dos maneras según el tribunal: la más usual contempla que la ley guatemalteca limite al gobierno mexicano para proveer la solicitud y evidencias de los ilícitos cometidos en los próximos 60 días. La segunda sería la aceptación por parte de Duarte de la extradición, proceso que podría demorar días, explicó el secretario del Tribunal
La Procuraduría General de la Republica de México dijo el domingo en una conferencia en Guatemala que Duarte, quien ha sido el símbolo de la corrupción e impunidad política en aquel país, recibió ayuda de varios mexicanos en su huida y que se investigaba la posible participación de más personas.
La pista que alertó a las autoridades mexicanas sobre la presencia de Duarte en Guatemala fue la detención del ciudadano mexicano Mario Medina Garzón el 10 de noviembre de 2016 en el Aeropuerto de Tapachula, en el sur de México. Medina Garzón portaba dos pasaportes con las fotografías de Duarte y su esposa pero con nombres distintos, reveló García.
Las autoridades creen que Duarte entró a Guatemala por tierra en el mes de noviembre o antes y que se desplazó por Antigua y otros departamentos donde incluso tenía propiedades.
Tras la detención de Duarte, varios analistas de su país han empezado a valorar las implicaciones de su detención. Para unos es una muestra de la efectividad de la lucha del gobierno contra la corrupción, mientras que para otros es todo lo contrario: un ejemplo de lo enquistado que está este problema entre los políticos mexicanos.
Desde la madrugada del domingo, Duarte quedó recluido en la cárcel de Matamoros, una prisión militar en Ciudad de Guatemala a donde llegó horas después de ser detenido, tras seis meses de estar huyendo.
Gobernador de Veracruz desde 2010, dejó el cargo el 12 de octubre de 2016 a menos de dos meses de concluir su mandato, bajo el argumento de que así podría atender las acusaciones de corrupción en su contra.
El veracruzano es el segundo exgobernador del PRI en ser detenido en una semana. Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2005, fue arrestado en Italia el 9 de abril.
El caso de Duarte ha sido uno de los más delicados para la opinión pública de su país por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno, con miles de muertos, desaparecidos y decenas de fosas clandestinas, así como por la impunidad y corrupción que reinó en la región.
Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares ligados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos. Al parecer, el exdirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos y adquirir bienes tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades. (La Jornada).
