Testigo fiel
Por: Jesús Torres
Bermúdez, el distractor
A casi un año de haber sido detenido en Paraguay y de permanecer recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, el extitular de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, rompió el silencio con una carta dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Lo extraño es que la misiva aparece en medio de constantes cuestionamientos al senador Adán Augusto López Hernández por el retiro de su visa estadounidense y por los insistentes señalamientos que lo han relacionado públicamente con el llamado huachicol fiscal.
Y es precisamente en medio de este escenario en que se da a conocer la carta que genera más preguntas que respuestas.
Bermúdez Requena fue detenido en septiembre de 2025 y enfrenta acusaciones por secuestro agravado, extorsión agravada y asociación delictuosa, delitos por los cuales la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha solicitado penas que, en conjunto, alcanzarían hasta 154 años de prisión.
Después de meses de silencio, ahora sostiene que es víctima de persecución política y mediática y cuestiona la cobertura que algunos medios de comunicación han dado al proceso judicial en su contra, al considerar que afecta su imagen, su reputación y su presunción de inocencia.
Si Bermúdez Requena considera que se han vulnerado sus derechos, está en bien que acuda a las instancias correspondientes. Para eso existen los mecanismos legales y las instituciones encargadas de revisar posibles abusos de autoridad.
Sin embargo, habría que preguntarse por qué esta denuncia aparece precisamente ahora y por qué su contenido ha sido aprovechado políticamente por quienes buscan cuestionar al gobierno de Javier May Rodríguez.
La carta, en lugar de centrar el debate en los hechos por los que el exjefe policiaco enfrenta un juicio judicial, terminó convirtiéndose en un nuevo frente de ataque contra las autoridades que hoy lo investigan y lo mantienen sujeto a proceso.
Bermúdez Requena ha sido señalado por autoridades estatales como presunto líder de “La Barredora” y enfrenta, además, otros señalamientos relacionados con posibles delitos cometidos durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, entre ellos desaparición forzada y peculado. Será, por supuesto, la autoridad judicial la que determine su responsabilidad penal.
Lo que sí hay que cuestionar es por qué, después de casi un año de enfrentar un proceso judicial, la inconformidad del exsecretario se centra ahora en una supuesta persecución política y en el papel de los medios de comunicación.
¿No se supone que tiene una defensa jurídica para responder a las acusaciones que pesan en su contra?
¿No son acaso los tribunales, y no una carta pública, los espacios donde deben acreditarse las pruebas y determinarse responsabilidades?
Pero además, ¿por qué se cuestiona a quienes hoy lo llevaron ante la justicia, pero poco se habla de los que tuvieron la responsabilidad política de colocarlo al frente de la seguridad de Tabasco?
Si la carta pretende poner nuevamente en el centro del debate a Bermúdez Requena, también lo hace con quien lo nombró secretario de Seguridad Pública y quien, desde el poder, respaldó en todo momento esa decisión.
