El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido acusado de ordenar el ocultamiento y desaparición de videograbaciones captadas por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), registraron el último momento en que un grupo de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue visto con vida.
De acuerdo con la información publicada por Infobae, la captura del exmandatario se realizó el 6 de agosto, luego de que la FGR integró una investigación en la que sostiene que las grabaciones fueron retiradas deliberadamente y entregadas a Aguirre Rivero por instrucciones directas suyas, con el propósito de ocultar una de las principales evidencias del caso Ayotzinapa.
Las imágenes correspondían a las cámaras 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, donde quedó registrado el paso del autobús Estrella de Oro 1531, una de las cinco unidades utilizadas por los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Durante años, las autoridades sostuvieron que esos videos no existían debido a presuntas fallas técnicas en el sistema de vigilancia.
Las investigaciones independientes realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por la organización Forensic Architecture reconstruyeron que el autobús fue interceptado alrededor de las 21:40 horas frente al Palacio de Justicia por elementos de distintas corporaciones policiales, quienes rodearon la unidad y posteriormente obligaron a descender a los estudiantes.
Según esa reconstrucción, alrededor de las 22:30 horas los normalistas fueron bajados del autobús mediante el uso de gas lacrimógeno y posteriormente golpeados antes de ser subidos a patrullas de corporaciones municipales. De acuerdo con la FGR, las cámaras habrían registrado toda esa secuencia, considerada el último rastro conocido de ese grupo de estudiantes antes de su desaparición.
El expediente también incorpora el testimonio del conductor del autobús 1531, quien declaró que tras el descenso de los estudiantes fue retenido por policías y escuchó a un hombre ordenar inicialmente que también fuera llevado con los jóvenes, aunque posteriormente cambió la instrucción y permitió que se retirara del lugar.
La investigación señala que el GIEI confirmó desde 2015 la existencia de las videograbaciones luego de conocer su contenido mediante integrantes del Poder Judicial de Guerrero. Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República no realizó diligencias para localizar ese material pese a que ya existían referencias sobre su posible existencia.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) documentó además que, días después de la desaparición de los estudiantes, se realizaron reuniones entre autoridades federales y estatales para construir la versión oficial conocida como la «verdad histórica». Entre los asistentes, según las investigaciones, se encontraba Ángel Aguirre Rivero, quien en diversas ocasiones negó haber participado en ese proceso.
La FGR informó que la nueva línea de investigación se fortaleció con las declaraciones de dos testigos colaboradores obtenidas durante 2026. Uno de ellos aseguró conocer quién sustrajo las grabaciones para entregarlas al entonces gobernador, mientras que un segundo testigo afirmó que Aguirre Rivero ordenó a funcionarios de alto nivel desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia de Iguala.
Con esos elementos, un juez federal libró una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 6 de agosto por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la autopista México-Querétaro.
Posteriormente, Aguirre Rivero fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano», en el Estado de México, donde enfrentará un proceso por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. Los padres de los 43 normalistas señalaron que no fueron notificados previamente de la detención y manifestaron que el proceso podría representar un avance en la búsqueda de justicia para las familias. (Mas).
