PUEBLA.— Un nuevo golpe a las estructuras criminales fue asestado este lunes en Puebla como parte del Operativo Enjambre, con la detención del presidente municipal de Esperanza, Isaac Rodríguez Ochoa, y otras ocho personas presuntamente relacionadas con una organización dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que durante el operativo fueron ejecutadas 23 órdenes de cateo de manera simultánea en distintos puntos del municipio de Esperanza.
Entre los detenidos también se encuentran Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales, la estructura criminal investigada estaría relacionada con diversos delitos de alto impacto en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
Como resultado de los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barrett, además de 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados—, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.
La operación fue realizada con la participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, así como autoridades estatales, con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia.
Harfuch señaló que estas detenciones representan un golpe a la capacidad operativa y a las posibles redes de protección de las organizaciones criminales.
El caso ocurre apenas unos días después de la detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, también en Puebla, señalado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.
Con estas acciones, el Operativo Enjambre vuelve a colocar bajo escrutinio la posible participación o protección de autoridades municipales en estructuras dedicadas a actividades delictivas.
Las personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que deberán determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme avance la investigación.
