Un juez admitió un amparo al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo para impugnar la orden de aprehensión girada en su contra por presunto huachicol fiscal.
De acuerdo con La Jornada, el recurso fue admitido a trámite por un juez federal, aunque hasta el momento no se ha informado si el exmandatario obtuvo la suspensión provisional solicitada dentro del procedimiento.
De acuerdo con los registros judiciales, Ruffo Appel impugnó no sólo la orden de captura, sino también su traslado fuera de Ensenada, Baja California, así como la presunta incomunicación desde el momento de su detención.
En la demanda también reclama que las autoridades no informaron oportunamente a su familia ni a su defensa sobre su paradero, además de denunciar la negativa para recibir medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico, la ausencia de una valoración clínica integral y posibles irregularidades relacionadas con su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.
De acuerdo con los registros judiciales, Ruffo Appel impugnó no sólo la orden de captura, sino también su traslado fuera de Ensenada, Baja California, así como la presunta incomunicación desde el momento de su detención.
En la demanda también reclama que las autoridades no informaron oportunamente a su familia ni a su defensa sobre su paradero, además de denunciar la negativa para recibir medicamentos, la interrupción de su tratamiento médico, la ausencia de una valoración clínica integral y posibles irregularidades relacionadas con su inscripción en el Registro Nacional de Detenciones.
Según la carpeta de investigación, las autoridades detectaron 163 carrotanques presuntamente utilizados para ingresar ilegalmente gasolina y diésel al país, equivalentes a más de 18.2 millones de litros de hidrocarburos.
Como parte de las diligencias también fueron asegurados 129 carrotanques en Coahuila, 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, que contenían más de 15 millones de litros de combustible sin la documentación legal correspondiente.
La Fiscalía señaló que mediante una red integrada por al menos 11 empresas, los involucrados habrían simulado operaciones de comercio exterior para introducir petrolíferos al mercado nacional fuera de los canales autorizados, con el objetivo de evitar el pago de contribuciones fiscales y controles aduaneros. (Político MX).
