Villahermosa, Tabasco. La venta del gimnasio y del terreno ubicado en el Parque La Choca, propiedad del Gobierno de Tabasco y utilizado durante los últimos años como sede de la Antojería Food Park, obligó al cese de actividades de los comerciantes instalados en el lugar, luego de que el inmueble fuera adjudicado a un nuevo propietario mediante licitación pública.
Desde este día, autoridades estatales delimitaron el predio para proceder con su entrega a la empresa Interservicios de Tabasco, que adquirió el inmueble por un monto cercano a los 200 millones de pesos, de acuerdo con lo informado previamente por la secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer.
La enajenación del inmueble fue autorizada por el Congreso del Estado como parte de la estrategia gubernamental para obtener recursos que, conforme a la legislación aplicable, únicamente podrán destinarse al pago de deuda pública o al desarrollo de infraestructura.
En medio del proceso de recuperación del predio, el administrador de la Antojería Food Park, Edén Caraveo Carvalho, aseguró no haber recibido una notificación formal para desalojar el espacio que administró durante aproximadamente siete años y donde operaban alrededor de 120 locatarios.
Sin embargo, fuentes consultadas sostienen que el empresario fue requerido hace aproximadamente un mes para entregar el inmueble, al tratarse de un bien propiedad del Estado y cuya autorización de uso había concluido desde 2019.
De acuerdo con documentación oficial, el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet) otorgó a Caraveo la autorización INJUDET/DID/049/2019, vigente únicamente del 20 de febrero al 30 de junio de ese año, para utilizar un área verde frente al Centro de Alto Rendimiento (CARD) con fines temporales.
El documento establecía expresamente que la autorización perdería vigencia al concluir el plazo autorizado, era intransferible y no otorgaba ningún derecho permanente sobre el inmueble. Hasta ahora no existe evidencia pública de que dicho permiso haya sido renovado mediante un nuevo convenio con el Gobierno estatal.
Millonarios ingresos
Información obtenida por este medio señala que la Antojería Food Park llegó a albergar alrededor de 40 establecimientos comerciales.
Cada locatario pagaba una renta mensual aproximada de seis mil pesos, además de cubrir los servicios de agua y energía eléctrica, lo que representaría ingresos cercanos a 240 mil pesos mensuales para la administración del complejo.
Con esa estimación, durante siete años los ingresos derivados del arrendamiento superarían los 20 millones de pesos, recursos que, según la información disponible, no fueron reportados al Gobierno del Estado.
Debate sobre la legalidad del proyecto
La recuperación del inmueble reavivó el debate sobre la situación jurídica del Food Park.
La revisión de documentos públicos del Ayuntamiento de Centro muestra que durante distintos años existieron permisos para actividades comerciales dentro del Parque La Choca, incluyendo la instalación de puestos semifijos, kioscos, venta de alimentos y food trucks.
Asimismo, existen contratos administrativos para el aprovechamiento temporal de espacios públicos en los parques Tomás Garrido Canabal y La Choca.
No obstante, hasta el momento no se ha localizado documentación pública que acredite la existencia de una concesión integral o un contrato de largo plazo que otorgara la administración exclusiva de todo el proyecto Antojería Food Park.
Especialistas consideran que únicamente una solicitud formal de acceso a la información podría esclarecer quién administraba legalmente el espacio, bajo qué contrato operaba, cuánto pagaba por el uso del inmueble y cuál era la vigencia de la autorización.
El caso se politiza
La recuperación del predio también comenzó a adquirir un tinte político.
Al lugar acudió el expriista Erubiel Alonso, quien expresó su respaldo a los locatarios y planteó la posibilidad de gestionar una prórroga de seis meses para que puedan permanecer en el sitio.
Su intervención generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron el respaldo político brindado al movimiento, mientras otros señalaron presuntos cobros excesivos e incluso ilegales realizados durante años a los comerciantes por parte de la administración de la Antojería.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado mantiene el proceso de entrega del inmueble al nuevo propietario, en el marco de los proyectos de modernización contemplados para Villahermosa.
