La cancelación de permisos para recibir donativos deducibles de impuestos a más de un centenar de organizaciones civiles en México ha encendido alertas entre colectivos sociales, que advierten un posible debilitamiento de la sociedad civil y riesgos para la continuidad de proyectos clave, en medio de señalamientos sobre un endurecimiento del entorno regulatorio.
De acuerdo con la información de Animal Político, un total de 37 organizaciones agrupadas en el colectivo Manifiesta tu Ciudadanía solicitaron al Gobierno federal la apertura de un diálogo técnico y directo con dependencias como la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Bienestar, con el objetivo de recuperar certidumbre jurídica ante los cambios recientes.
Las organizaciones advirtieron que las nuevas disposiciones han generado un entorno de incertidumbre jurídica, caracterizado por criterios restrictivos y cargas administrativas que dificultan su operación cotidiana, lo que podría poner en riesgo la continuidad de programas enfocados en derechos humanos, educación, salud, atención a la infancia y desarrollo comunitario.
Entre los organismos que respaldan este llamado se encuentran Amnistía Internacional, Artículo 19, Save The Children, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Causa en Común, entre otros, que alertan que la situación afecta directamente la capacidad de atención a problemáticas sociales en distintas regiones del país.
El conflicto se originó tras la decisión del SAT de retirar el registro como donatarias autorizadas a diversas organizaciones, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos Primero, lo que les impide recibir aportaciones con beneficios fiscales.
Aunque la autoridad ha sostenido que se trata de medidas de carácter técnico, uno de los principales obstáculos señalados por las organizaciones es la exigencia de una nueva carta de acreditación emitida por dependencias federales, requisito que sustituyó mecanismos previos como la Clave Única de Inscripción (CLUNI), tras la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Diversos colectivos han señalado que este nuevo requisito resulta difícil de cumplir, ya que las propias dependencias encargadas de emitir las cartas han negado solicitudes, lo que en la práctica bloquea la posibilidad de recuperar el estatus legal necesario para operar plenamente. Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado a establecer un diálogo abierto, técnico y constructivo que permita encontrar soluciones equilibradas, al advertir que no solo está en juego su sostenibilidad, sino también la capacidad de la sociedad para atender problemáticas públicas que requieren la participación activa de múltiples actores. (Mas).
