El proceso para retirar el fuero al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y senador Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, volvió a cobrar fuerza en la Cámara de Diputados, luego de que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche entregara nueva información a la Sección Instructora para fortalecer la solicitud de juicio de procedencia presentada desde el verano de 2025.
De acuerdo con información publicada por El País, el expediente se reactiva en la antesala del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, mientras las recientes detenciones de personas cercanas al dirigente priista han incrementado la presión política y judicial alrededor de un caso que durante más de un año ha pasado por aplazamientos, pausas y diferencias entre fuerzas políticas.
Entre las detenciones vinculadas con las investigaciones se encuentran las de Luis Antonio Espinosa, contador relacionado con los negocios de Emigdio Moreno Cárdenas, hermano del líder del PRI, y Carlos Alberto Medina Hernández, quien se desempeñó como director de Comunicación Social del Gobierno de Campeche.
Integrantes de la Sección Instructora han señalado que ambos casos guardan relación con la solicitud de desafuero que enfrenta Moreno Cárdenas.
El procedimiento tiene su origen en la petición que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó en 2025 contra el exgobernador, a quien acusa de peculado por un presunto desvío de 83.5 millones de pesos, uso indebido de atribuciones y otros posibles delitos cometidos durante su administración estatal, comprendida entre 2015 y 2019.
Aunque Morena cuenta con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para impulsar el procedimiento, el expediente permaneció sin avanzar durante meses.
La situación podría modificarse con la reanudación de los trabajos de la Sección Instructora de la Comisión Jurisdiccional en septiembre. Con los elementos adicionales entregados por el fiscal anticorrupción de Campeche, Loreto Verdejo, legisladores del oficialismo consideran posible que durante el próximo periodo ordinario se elabore un dictamen sobre el caso, aunque antes deberá resolverse formalmente si la solicitud presentada por la Fiscalía es admitida.
La eventual admisión del expediente no implicaría todavía que Moreno Cárdenas sea declarado responsable de algún delito. El juicio de procedencia tiene como finalidad determinar si existen elementos suficientes para retirarle la inmunidad constitucional que posee como senador y permitir que las autoridades ministeriales puedan procesarlo penalmente. Posteriormente correspondería a las instancias judiciales resolver sobre las acusaciones formuladas en su contra.
Integrantes de la Sección Instructora han explicado que desde hace tiempo existen proyectos relacionados con el asunto, pero su avance quedó condicionado a que la Fiscalía de Campeche ampliara las carpetas de investigación.
La nueva documentación y otros elementos que podrían ser remitidos en las próximas semanas serán revisados por los diputados para definir la viabilidad del procedimiento, que podría entrar a una etapa decisiva durante el último trimestre de 2026.
La reactivación del caso también revive la confrontación política que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, mantiene con Alejandro Moreno desde 2021 y 2022. Durante esos años, la mandataria utilizó su programa denominado “Martes del Jaguar” para difundir grabaciones atribuidas al exgobernador y hacer públicas diversas acusaciones de corrupción. En ese mismo periodo, Sansores acusó al entonces senador Ricardo Monreal de intervenir para frenar una primera solicitud de desafuero contra el dirigente priista.
La presión sobre Moreno aumentó además en los últimos días a raíz de sus viajes a Washington, donde ha presentado denuncias contra Morena y ha buscado llamar la atención de autoridades estadounidenses sobre lo que considera prácticas autoritarias del oficialismo mexicano.
El dirigente del PRI ha utilizado expresiones como “narcopartido” y “narcogobierno” para referirse a Morena, en medio de la confrontación política relacionada con señalamientos de autoridades estadounidenses contra figuras políticas de Sinaloa.
Durante su más reciente visita a Estados Unidos, Moreno acudió a oficinas del Departamento de Estado para denunciar a tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y solicitar que se les retiraran sus visas, después de que le impidieran utilizar determinados términos en publicaciones del PRI y en sus redes personales.
Al informar sobre ese viaje, el priista sostuvo: “En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos terminen de construir una dictadura al amparo del crimen organizado”.
La ofensiva política encontró respuesta inmediata en Morena. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, legisladores oficialistas retomaron la existencia del expediente de desafuero y reclamaron que el procedimiento sea reactivado. La diputada Maricarmen Bernal afirmó: “Alito Moreno es un ladrón… tiene un juicio político en la Comisión Jurisdiccional, que por cierto no ha procedido o no se ha activado, pero que reúne todos los elementos para el desafuero”.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara también anticipó que la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre el asunto al señalar: “Por más que vayan a caminar a donde quieran, a querer llamar la atención, van a seguir haciendo el ridículo, y no son víctimas ni va a pasar nada con ellos que no sea que la justicia les llegue. Vamos a ver cómo la Cámara de Diputados reacciona ante los acontecimientos que se tienen”.
La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó a las críticas contra el dirigente del PRI y consideró que sus acciones en Estados Unidos responden a la pérdida de peso político de su partido. Sin embargo, ha evitado pronunciarse sobre el resultado que debería tener el desafuero y ha insistido en que la resolución corresponde a la Cámara de Diputados y a la Fiscalía de Campeche.
El siguiente momento clave llegará en septiembre, cuando la Sección Instructora retome formalmente sus actividades y determine si admite la solicitud de juicio de procedencia. Esa decisión marcará si el caso permanece nuevamente en espera o si comienza una revisión de pruebas y argumentos que podría derivar en la pérdida del fuero del dirigente priista.
Mientras el expediente vuelve a tomar fuerza, Moreno mantiene su estrategia de confrontación contra Morena y sus principales figuras. Tras conocerse el anuncio de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la revocación de su visa estadounidense, el dirigente priista reaccionó con nuevas acusaciones y escribió: “Las investigaciones los están alcanzando y ustedes siguen creyendo que su narcoapellido los hace intocables”. (Mas).
