Testigo fiel
Por: Jesús Torres
CEDH, credibilidad en juego
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco (CEDH) no puede convertirse en un premio de consolación ni en una salida decorosa para trayectorias cuestionadas.
Mucho menos cuando la ley es clara y la ética institucional debería ser innegociable.
Por eso, el registro de la magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) Margarita Concepción Espinosa Armengol, como aquí se anticipó, y su probable designación como presidenta de la CEDH resultaría legalmente incompatible y políticamente desafortunada, si así lo aprobaran diputados del Congreso local.
El primer freno es normativo. El artículo 14 de la Ley Estatal de Derechos Humanos de Tabasco establece requisitos precisos para quien aspire a encabezar el organismo, sobre todo independencia, autonomía y ausencia de vínculos que comprometan la imparcialidad en la defensa de los derechos fundamentales.
Una magistrada electoral, figura clave en la resolución de disputas políticas y de poder, no cumple con ese estándar, pues su función está directamente ligada a la dinámica política del estado.
La CEDH no está diseñada para ser encabezada por perfiles provenientes de órganos jurisdiccionales electorales, ni para quienes arrastran conflictos de interés evidentes. Su misión es vigilar al poder, no convivir cómodamente con él.
Pero el problema va más allá de la letra de la ley. Sobre la magistrada pesan observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, que le ha requerido aclarar el destino de 34 millones de pesos ejercidos durante su gestión como presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco.
No se trata de una acusación penal ni de una sentencia, pero sí de un señalamiento que no puede ignorarse, sobre todo cuando se aspira a encabezar un órgano que exige autoridad moral y credibilidad pública.
La defensa de los derechos humanos no se ejerce solo con discursos ni con currículum. Se hace con integridad, transparencia y confianza social. Una Comisión debilitada desde su presidencia estaría condenada a la irrelevancia.
Designar a una persona con observaciones financieras pendientes, cuestionamientos públicos y una reputación controvertida enviaría un mensaje peligroso, que la CEDH puede ser encabezada por alguien cuya trayectoria genera más dudas que consensos. Y en materia de derechos humanos, la percepción pública importa tanto como la legalidad.
En la Comisión Estatal de los Derechos Humanos debe estar al frente alguien intachable, sensible al dolor de las víctimas, cercano a la gente y libre de sombras administrativas o políticas.
No figuras con mala fama ni expedientes incómodos. Porque cuando quien debe defender a los ciudadanos carece de credibilidad, la institución pierde su razón de ser.
En este caso, la conclusión es contundente, ni la ley ni la ética acompañan esta aspiración. Y forzarla sería un error que Tabasco no puede darse el lujo de cometer.
