Ministerio Público del estado de Sao Paulo pidió la prisión preventiva del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por los crímenes de lavado de dinero y falsedad ideológica, informó hoy la fiscalía y la prensa brasileña en una causa judicial separada de la Operación Lava Jato y a cuyos documentos tuvo acceso la agencia gubernamental Notimex.
En una rueda de prensa celebrada esta tarde en Sao Paulo, los tres fiscales que firman la denuncia detallaron los fundamentos jurídicos contra Lula, su esposa Marisa Leticia, su hijo Fabio Luiz y otras 13 personas denunciadas.
Rechazaron, sin embargo, explicar públicamente si pidieron la prisión provisional de Lula, pero la prensa brasileña, que tuvo acceso a una filtración de documentos judiciales, señaló que el Ministerio Público estimó como “imprescindible la prisión preventiva” del exmandatario para evitar “amenazas a víctimas y testigos”, así como una eventual obstrucción a la Justicia.
Los fiscales negaron a la prensa que la denuncia -presentada la víspera y que de ser admitida a trámite podría provocar la detención provisional de Lula- responda a cuestiones políticas.
“El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Es judicial. Poco importa si este u otro procedimiento tiene cualquier repercusión política”, aseguró José Carlos Blat, uno de los tres fiscales que suscribe la denuncia.
Este es un caso judicial separado de la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras y se lleva a cabo en la ciudad de Curitiba, y las acusaciones contra el expresidente en Sao Paulo se fundamentan en el intento de ocultar la propiedad de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad balnearia de Guarujá.
La causa contra Lula y contra su esposa e hijo se enmarca en un caso que se remonta a 2009, cuando la empresa constructora OAS –investigada en la Lava Jato- asumió las obras de la Cooperativa Habitacional de los Banqueros de Sao Paulo (Bancoop), que se había declarado en bancarrota para acometer varios proyectos inmobiliarios por supuestos desvíos de fondos con fines políticos.
Los fiscales aseguran que OAS omitió varios compromisos contractuales con cientos de familias que habían pagado sus casas y jamás las recibieron porque no fueron terminadas, pero sin embargo sí hizo las obras en el edificio Salinas en la localidad de Guarujá, donde Lula y otros miembros del Partido de los Trabajadores (PT) tendrían de facto –aunque sin propiedad escritural- residencias.
“Miles de personas se quedaron sin apartamentos y fueron despojadas de realizar el sueño de tener una casa propia mientras uno de los investigados era beneficiado con un tríplex”, subrayó ante la prensa el fiscal Cassio Roberto Sonserino, que también firma la denuncia.
Lula negó en varias ocasiones la propiedad del tríplex –cuyas obras dentro del departamento para incluir un ascensor y reformar la cocina también están siendo investigadas en la Operación Lava Jato-, sin embargo la fiscalía asegura que “dos decenas de personas” la confirmaron.
“Dos decenas de personas han relatado que los Lula eran los propietarios. Interrogamos a trabajadores del edificio, al celador, al portero, a trabajadores de la constructora OAS. Incluso el propietario de la empresa que hizo las obras dentro del tríplex dijo que presentó a la esposa de Lula y a su hijo el proyecto de reforma”, señaló.
Los fiscales, cuya denuncia debe ser ahora analizada por la Justicia en un plazo de tiempo indeterminado, aseguran incluso que los inmuebles en el edificio Salinas eran vendidos con el gancho comercial de tener al expresidente como vecino.
