La resolución autoriza continuar las obras en la región de Big Bend, Texas, mientras sigue el litigio por sus posibles daños ambientales.
Washington, EU.– La Suprema Corte de Estados Unidos autorizó este lunes 9 de noviembre que el gobierno del presidente Donald Trump reanude la construcción del muro fronterizo en la región de Big Bend, Texas, luego de que una resolución judicial había frenado temporalmente los trabajos por preocupaciones ambientales.
El muro en la frontera entre Estados Unidos y México es uno de los proyectos emblemáticos de la administración Trump, quien desde su primera campaña presidencial se comprometió a construir una barrera que se extendiera desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México.
La decisión del máximo tribunal representa un respaldo temporal a los planes de la Casa Blanca, al suspender la orden de un juez federal que había detenido las obras debido a cuestionamientos sobre la autoridad del gobierno para dejar sin efecto diversas disposiciones ambientales.
El proyecto de Big Bend contempla la instalación de barreras fronterizas, caminos de vigilancia, cámaras y sensores en una extensa zona del suroeste de Texas. También incluye tramos de muro de aproximadamente 30 pies de altura.
Para impulsar la expansión de la infraestructura fronteriza, el Congreso estadounidense destinó alrededor de 46 mil millones de dólares, recursos que permitirán financiar nuevas barreras y sistemas tecnológicos de vigilancia.
De acuerdo con los reportes sobre el proyecto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha acelerado los trabajos con un ritmo de construcción cercano a 12 millas de barreras por semana.
Sin embargo, la ampliación del muro enfrenta resistencia de organizaciones ambientalistas, habitantes de la región y representantes políticos de ambos partidos, quienes advierten sobre posibles daños al ecosistema, la vida silvestre y los paisajes naturales de Big Bend.
La administración Trump sostiene que las barreras son necesarias para combatir el tráfico de drogas, la migración irregular y las actividades de organizaciones criminales.
Aunque la resolución de la Suprema Corte permite reanudar las obras, las controversias legales continuarán en tribunales inferiores, por lo que el proyecto seguirá sujeto a disputas sobre sus alcances y consecuencias ambientales.
