Integrantes de pueblos indígenas documentaron 152 casos de desaparición de personas en siete estados del país, una cifra que contrasta con los 21 registros oficiales existentes en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), según los resultados de una investigación comunitaria presentada por la iniciativa Voces del Territorio.
De acuerdo con información de Animal Político, el estudio fue dado a conocer en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y previo a la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La investigación se desarrolló mediante 152 encuestas y 45 entrevistas a profundidad realizadas en 26 municipios de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sonora.
Los resultados indican que el 46.7 por ciento de las personas desaparecidas corresponde a jóvenes de entre 18 y 30 años de edad. Además, en el 77.8 por ciento de los casos las familias señalaron que no existe información sobre el paradero de las víctimas ni avances en las investigaciones.
El informe también revela que el 47.7 por ciento de las familias realiza la búsqueda de sus familiares sin acompañamiento institucional, mientras que en el 20.5 por ciento de los casos reportados no se emprendió ninguna acción de búsqueda por parte de las autoridades.
Al comparar los datos obtenidos con la información oficial, la iniciativa encontró que únicamente el 13.8 por ciento de los casos documentados aparece en registros gubernamentales. Mientras el RNPDNO identifica 21 personas indígenas desaparecidas, la consulta comunitaria contabilizó 152 casos.
Oaxaca concentra el mayor número de desapariciones registradas por la investigación, con 102 casos, seguido de Puebla con 18, Chiapas con 12, Sonora con 11, Guerrero con siete y Chihuahua con dos. Los responsables del estudio señalaron que una característica recurrente es que muchas de las personas desaparecidas participaban en procesos comunitarios relacionados con la defensa del territorio.
Anabel Flores, integrante del pueblo yaqui y participante en la investigación, explicó que en diversas regiones donde ocurrieron las desapariciones existen proyectos de infraestructura y conflictos territoriales.
Indicó que, si bien no puede establecerse una relación directa entre esos proyectos y cada caso, las desapariciones ocurrieron en comunidades donde también se desarrollaban procesos de defensa territorial encabezados por líderes comunitarios o habitantes que manifestaban oposición a distintas iniciativas.
La consulta también recopiló información sobre los presuntos responsables señalados por las familias.
En 39 casos se atribuyó la desaparición al crimen organizado; en 19 a policías municipales; en 17 a autoridades estatales y en 14 a autoridades federales, incluidas fuerzas armadas. Asimismo, se documentaron 21 casos en los que familiares o personas cercanas fueron asesinadas o encarceladas como consecuencia de los hechos.
Los testimonios recabados refieren que el temor a represalias y la desconfianza hacia las autoridades han limitado la presentación de denuncias formales. De acuerdo con la investigación, diversas familias manifestaron haber recibido amenazas para no proporcionar información o continuar con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Además de documentar las desapariciones, Voces del Territorio señaló que las comunidades indígenas enfrentan nuevas formas de violencia en espacios digitales, donde identifican campañas de intimidación y acciones dirigidas a debilitar los procesos de organización comunitaria.
La iniciativa anunció que continuará el diálogo entre pueblos indígenas para elaborar propuestas que fortalezcan la prevención de las desapariciones y la protección de quienes participan en la defensa de sus territorios. (Mas).
