La diputada local del PRI Paola Gárate Valenzuela anunció que presentará formalmente ante el Congreso de Sinaloa una denuncia de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, con la finalidad de que el Poder Legislativo estatal determine su eventual responsabilidad política y, en su caso, proceda a su destitución e inhabilitación.
De acuerdo con información publicada por Infobae, la legisladora confirmó que el recurso será ingresado este martes ante el Congreso sinaloense, donde deberá comenzar el análisis sobre su procedencia.
“El día de hoy presentaremos formalmente ante este congreso la denuncia de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya”, señaló Gárate al informar sobre la acción promovida contra el mandatario con licencia.
La diputada explicó que el objetivo principal de la denuncia es conseguir la destitución de Rocha Moya como gobernador constitucional de Sinaloa, además de la inhabilitación que pudiera corresponder conforme a las disposiciones previstas en la Constitución estatal y en la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
A partir de la presentación del recurso, corresponderá al Congreso revisar los requisitos legales y, en caso de considerar procedente la denuncia, desarrollar el procedimiento destinado a determinar si existe responsabilidad política. Gárate reconoció que se trata de un trámite complejo, pero sostuvo que quienes impulsan la denuncia esperan que pueda avanzar dentro de los cauces establecidos por la legislación local.
La legisladora subrayó que la vía del juicio político es distinta de cualquier investigación de carácter penal que pueda existir contra Rocha Moya. De acuerdo con su postura, el Poder Legislativo cuenta con atribuciones propias para analizar la actuación del gobernador y determinar posibles responsabilidades políticas sin depender del resultado de otros procedimientos judiciales.
“Este congreso no necesita esperar una sentencia extranjera para revisar el ejercicio del poder público en Sinaloa”, sostuvo Gárate al referirse a los señalamientos existentes contra el gobernador con licencia en Estados Unidos. Con ello, planteó que la actuación del Congreso puede desarrollarse independientemente de las acusaciones formuladas ante autoridades estadounidenses.
La diputada consideró además que la licencia solicitada por Rocha Moya no debe convertirse en un argumento para cerrar o archivar el expediente. Señaló que, desde su interpretación jurídica, la separación temporal del cargo no elimina la posibilidad de que un gobernador pueda ser sometido a juicio político y sostuvo que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre este tipo de procedimientos.
La denuncia anunciada por Gárate se suma a otras solicitudes promovidas recientemente ante el Congreso estatal contra Rocha Moya. Entre ellas se encuentra la presentada por un grupo de ciudadanos, empresarios y representantes del sector restaurantero encabezado por Martha Reyes Zazueta, expresidenta de Coparmex Sinaloa.
Esa petición incluye 16 hechos que, a consideración de los promoventes, ameritan ser revisados por los legisladores para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento de responsabilidad política. Entre los señalamientos se encuentran aspectos relacionados con el proceso electoral de 2021 en Sinaloa.
La presentación de estas denuncias no significa que el Congreso haya aprobado el juicio político ni que Rocha Moya haya sido declarado responsable de las acusaciones formuladas. El Poder Legislativo deberá primero verificar que las solicitudes cumplan con los requisitos establecidos en la ley y posteriormente resolver si procede iniciar formalmente el procedimiento.
Rocha Moya se encuentra separado de la gubernatura en un contexto marcado por una acusación presentada ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se le señala, junto con otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por una presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa. Ante esos señalamientos, el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha solicitado a las autoridades estadounidenses las pruebas que sustenten las acusaciones.
El escenario político sinaloense se ha complicado también por las recientes decisiones de Rocha Moya respecto de su permanencia en el cargo. Después de una primera licencia prolongada, retomó temporalmente la gubernatura y posteriormente volvió a solicitar separarse de sus funciones, lo que obligó al Congreso local a intervenir nuevamente en la conducción institucional del Ejecutivo estatal.
Mientras Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina, el Congreso tendrá que atender de manera paralela las denuncias presentadas contra Rocha Moya. La solicitud anunciada por Paola Gárate abre así un nuevo frente político y legislativo para el mandatario con licencia, cuya eventual destitución e inhabilitación dependerán de que el Poder Legislativo admita el recurso, desarrolle el procedimiento correspondiente y determine si existen elementos para imponer alguna sanción. (Mas).
