Una acusación formal emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York señala al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios y exfuncionarios, por presunta conspiración para el tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
El documento, identificado con el número de caso S9 23 Cr. 180 (KPF), también incluye a Enrique Inzunza Cazárez y Enrique Díaz Vega como parte de los señalados.
De acuerdo con el documento emitido por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la acusación fue presentada ante un Gran Jurado federal, que determinó la existencia de causa probable para proceder judicialmente contra los implicados, quienes presuntamente habrían facilitado el envío de drogas hacia Estados Unidos.
El expediente detalla que los acusados habrían participado en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, protegiendo las operaciones del Cártel de Sinaloa, descrito como una de las organizaciones criminales más violentas del mundo.
Según la acusación, esta organización ha desarrollado una red de alcance global que conecta a productores de cocaína en Colombia y Venezuela, rutas de tráfico en América y proveedores de precursores químicos en China, lo que le ha permitido distribuir grandes cantidades de droga en territorio estadounidense y otros mercados internacionales.
Asimismo, la acusación establece que los funcionarios mantenían vínculos con la facción conocida como Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Tras la extradición de este último en 2017, el documento sostiene que el grupo consolidó un esquema de sobornos para asegurar protección política.
Entre los señalamientos más relevantes, se indica que la campaña electoral de Rubén Rocha Moya en 2021 habría recibido respaldo de esta facción criminal mediante intimidación a opositores y manipulación del proceso electoral.
A cambio, ya en funciones, el mandatario habría permitido la operación del cártel con impunidad, facilitando la designación de funcionarios en áreas clave de seguridad y proporcionando información confidencial.
En el documento también se detallan los roles de otros acusados, entre ellos Enrique Inzunza Cazárez, quien se desempeñó como Secretario General de Gobierno y es señalado por presuntamente reunirse con integrantes de Los Chapitos para acordar acciones desde el ámbito gubernamental que beneficiaran al grupo criminal.
Asimismo, Enrique Díaz Vega es identificado como un presunto enlace entre el cártel y la administración estatal, encargado de facilitar información sobre opositores políticos y coordinar apoyos a favor de Rubén Rocha Moya durante el proceso electoral de 2021.
El documento también describe un patrón de colaboración en el que fuerzas de seguridad habrían sido utilizadas para proteger cargamentos de droga, escoltar a integrantes del grupo criminal y evadir acciones de las autoridades, configurando un esquema sistemático de corrupción que, según la acusación, permitió la expansión internacional de las operaciones ilícitas.
Tras la difusión del documento, el gobernador Rubén Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como ataques políticos, mientras que las autoridades estadounidenses mantienen la validez de la acusación presentada ante la corte federal en Nueva York. (Mas).
