Una reunión realizada presuntamente la semana pasada en Palacio Nacional habría exhibido diferencias entre la presidenta Claudia Sheinbaum y parte de su equipo de seguridad por el congelamiento de cuentas bancarias de personas que serían sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal.
De acuerdo con información publicada por Infobae, el diario estadounidense, que cita a personas familiarizadas con la discusión, señaló que el encuentro ocurrió al amanecer y contó con la presencia de altos funcionarios de seguridad e inteligencia. La reunión no ha sido confirmada oficialmente.
Según el reporte, Sheinbaum habría cuestionado a sus colaboradores por asumir que las autoridades estadounidenses contaban con pruebas sólidas contra exfuncionarios vinculados con una gobernadora de Morena. Entre los presentes habría estado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien la mandataria habría expresado su inconformidad por la forma en que se estaba procesando la información proveniente de Washington.
The Wall Street Journal indicó que, pese a las diferencias, Sheinbaum terminó aceptando el congelamiento de las cuentas ante el riesgo de generar una nueva fricción bilateral.
Los voceros de la presidenta y de García Harfuch declinaron comentar sobre el episodio.
La discusión estaría relacionada con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra 21 personas señaladas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre ellas aparecen exfuncionarios que, según autoridades estadounidenses, habrían recibido sobornos para facilitar operaciones criminales en Tijuana y Mexicali.
Uno de los principales señalados es Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien Estados Unidos ubica como supuesto operador político relacionado con una estructura de protección al crimen organizado. También se menciona a su hermano Luis Torres por una presunta participación en el manejo de recursos ilícitos. Ambos señalamientos corresponden a acusaciones de autoridades estadounidenses y no a sentencias judiciales.
Marina del Pilar Ávila ha negado irregularidades. El Gobierno de Baja California ha señalado que está legalmente divorciada de Torres y que no aparece en la lista de sancionados.
Tras las medidas de Washington, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que bloqueó cuentas de personas y empresas como medida preventiva, luego de detectar operaciones financieras de riesgo reportadas por instituciones bancarias. En su comunicado, la UIF no hizo referencia a posibles vínculos con organizaciones criminales.
El reporte sitúa el episodio en un momento de mayor tensión entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, sanciones financieras y soberanía. Sheinbaum ha insistido en que cualquier señalamiento contra ciudadanos o funcionarios mexicanos debe estar respaldado por pruebas suficientes y canales institucionales. (Mas).
