Luis Rogelio Piñeda Taddei presentó su renuncia como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la noche del miércoles 11 de noviembre, horas después de que trascendiera que su nombre figura entre las personas cuyas cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).
De acuerdo con información publicada por Infobae, el funcionario estatal fue incluido en un acuerdo de bloqueo financiero que comprende a 40 personas y empresas, entre ellas 25 personas físicas y 15 morales, señaladas por su presunta relación con una red de proveedores electorales que obtuvo contratos por más de dos mil 500 millones de pesos durante aproximadamente dos décadas.
La investigación también involucra a Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del INE y madre de Piñeda Taddei, así como a otro integrante de su familia, ocho exfuncionarios del organismo electoral y empresarios relacionados con compañías proveedoras de servicios y materiales para instituciones electorales.
La UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó además una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen posibles delitos derivados de las operaciones financieras detectadas y de la asignación de contratos a las empresas involucradas.
Entre las personas incluidas en el acuerdo figuran los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, identificados en las investigaciones periodísticas como parte central de una red empresarial que habría obtenido contratos tanto del Gobierno federal como de organismos electorales estatales. Los montos de las adjudicaciones reportadas superan los dos mil 500 millones de pesos.
También aparecen Alejandro Olaya Ortiz, César Rodríguez Ureña y María Margarita Carranza Sordo, además de otros socios y representantes legales de las compañías relacionadas con los empresarios Hernández Casillas.
La relación de personas señaladas incluye a Jesús Octavio García González, exdirector ejecutivo de Administración del INE y apoderado legal de las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg. Asimismo, se menciona a Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador cercano a Taddei desde su paso por el Instituto Electoral de Sonora.
En el listado también figuran Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros del INE; Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien estuvo al frente de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del organismo.
Completan la relación José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática; Jonathan Navarrete Torres, quien se desempeñó como chofer y asesor en la oficina de Taddei y fue apoderado de Corporativo Zeg; y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis durante la gestión de Lorenzo Córdova, señalado en los reportes por recibir transferencias de empresas proveedoras.
Piñeda Taddei se incorporó al Gobierno de Sonora en enero de 2025, cuando fue designado secretario de la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal. En agosto del mismo año fue nombrado secretario particular de Alfonso Durazo, responsabilidad que desempeñó hasta el 11 de noviembre de 2026.
De acuerdo con registros del Portal de Transparencia citados por Infobae, el ahora exfuncionario percibía un salario mensual de 138 mil 494 pesos antes de impuestos, además de una prima vacacional de 65 mil 691.33 pesos. Sus percepciones anuales superaban el millón de pesos.
Antes de incorporarse a la administración estatal, encabezó el Centro de Investigaciones Parlamentarias del Estado de Sonora, entre enero de 2022 y septiembre de 2025, donde reportaba ingresos mensuales de 67 mil 425 pesos.
Su nombramiento como funcionario estatal generó cuestionamientos públicos por un posible conflicto de interés, debido a que su madre, Guadalupe Taddei, presidía entonces el INE. El gobernador Alfonso Durazo respondió a los señalamientos el pasado 29 de octubre y defendió la permanencia de su colaborador mientras no existiera una conclusión de las investigaciones.
En aquella ocasión, el mandatario declaró que no existía relación entre ambos nombramientos y rechazó la existencia de un grupo familiar con influencia en las instituciones públicas. “No hay vinculación entre un nombramiento y otro, no hay clan Taddei”, expresó.
La situación también alcanzó la trayectoria pública de otros integrantes de la familia. Jorge Francisco Piñeda Taddei, otro de los hijos de la expresidenta del INE, fue relacionado en reportes periodísticos con empresarios investigados, luego de aparecer en un video difundido por Latinus durante una reunión en un hotel de lujo en París.
Por su parte, León Fernando Piñeda ocupó un puesto como secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora entre 2018 y 2021. Posteriormente fue nombrado director de área en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), donde sus percepciones mensuales netas reportadas ascendieron a 51 mil 851 pesos, además de compensaciones.
La renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei ocurre después de que Guadalupe Taddei dejó la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos relacionados con posibles conflictos de interés y la asignación de contratos a proveedores del organismo electoral.
Las investigaciones periodísticas también han documentado la relación de algunos exfuncionarios electorales con empresarios beneficiados mediante contratos públicos, así como su presencia en reuniones y celebraciones organizadas por integrantes de la red empresarial investigada.
La Secretaría de Hacienda informó inicialmente que el bloqueo financiero comprendía a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales, luego de identificar operaciones que presentaban elementos de riesgo. Sin embargo, las responsabilidades individuales y la posible comisión de delitos deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes mediante las investigaciones de la FGR.
La salida del hijo de Guadalupe Taddei representa otro movimiento dentro de las administraciones públicas relacionado con las indagatorias sobre los contratos del INE, mientras continúan las investigaciones financieras y ministeriales sobre los empresarios, proveedores y exfuncionarios señalados. (Mas).
