La participación de agentes estadounidenses en un operativo antidroga en el estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, donde murieron dos presuntos integrantes de la Agencia de Inteligencia (CIA) y dos mexicanos, provocó la renuncia del fiscal general del estado, César Jáuregui.
«En ejercicio del deber que impone el servicio público y con pleno respeto a la transparencia que la ciudadanía demanda, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del estado», declaró Jáuregui en una conferencia de prensa.
La decisión de Jáuregui ocurre en medio de la polémica entre el Gobierno federal, encabezado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, y el Gobierno de Chihuahua, con la gobernadora, Maru Campos, debido a la incursión de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano y su muerte, el pasado 19 de abril, en un operativo contra el narcotráfico.
«Es mi deber reconocer que respecto a los hechos que han trascendido en torno a la presencia de personas extranjeras, que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros, la información inicial y que compartí (…) era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle su participación», aceptó.
La muerte de los agentes estadounidenses y los mexicanos tras el operativo antidrogas ha vuelto a poner en el centro del debate la injerencia de Washington en México, en medio de las constantes críticas por parte del presidente, Donald Trump, al control de los cárteles mexicanos del crimen organizado de gran parte del país.
Jáuregui admitió que hubo omisiones «tanto en la información como en la gestión institucional» del caso y a aceptó que dicha misión «vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz».
Desafortunadamente, lamentó, «estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de droga más grandes en la historia de nuestro país y una acción que representa un golpe mayor a las capacidades del crimen organizado».
Sheinbaum cuestionó a las autoridades de Chihuahua por la presunta participación y muerte de dos agentes estadounidenses en un operativo en ese estado y advirtió que pudo haberse vulnerado la Constitución.
Además, explicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó a la administración estatal que el Gobierno federal no fue notificado ni se siguieron los procedimientos legales previstos para la presencia de agentes extranjeros en labores de seguridad.
El caso salió a la luz tras un accidente vial en un camino de la Sierra Tarahumara de Chihuahua donde fallecieron cuatro personas, entre ellas dos funcionarios estadounidenses.
La presidenta pidió que se revise incluso la posibilidad de que se hubieran habilitado oficinas para estos agentes en territorio estatal, a la vez que insistió en que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe mantenerse, pero siempre bajo reglas claras y con respeto absoluto a la legislación mexicana. (EFE).
