El reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado en México se ha intensificado en los últimos años, con un incremento cercano al 150% en la participación de personas de entre 18 y 29 años en delitos vinculados a estas redes, a pesar de la implementación de programas sociales dirigidos a este sector.
De acuerdo con Animal Político, el número de jóvenes detenidos por ilícitos como homicidio, narcomenudeo, lesiones y portación de armas pasó de poco más de 56 mil durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a más de 140 mil en la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo que refleja un crecimiento sostenido del fenómeno.
El incremento está impulsado principalmente por el narcomenudeo, cuyas detenciones aumentaron más de 240%, concentrando casi ocho de cada diez casos. No obstante, también se registró un alza significativa en delitos de alto impacto, como el homicidio, donde las detenciones de jóvenes crecieron 86%, evidenciando una mayor participación en dinámicas de violencia directa.
Esta tendencia se mantiene en el inicio del actual gobierno, ya que en los primeros meses de 2025 se reportaron más de 9 mil detenciones de jóvenes, con un promedio mensual superior al registrado en sexenios anteriores, lo que indica que el fenómeno no ha sido contenido.
En paralelo, la problemática también alcanza a menores de edad. Durante el sexenio pasado, las detenciones de niñas, niños y adolescentes aumentaron cerca de 80% en comparación con administraciones previas, con el narcomenudeo como principal causa, seguido de delitos violentos como el homicidio.
Especialistas advierten que estas cifras no solo reflejan un aumento en la criminalidad juvenil, sino también un contexto de alta vulnerabilidad social que facilita el reclutamiento por parte de grupos delictivos. La falta de oportunidades, la ausencia de redes de protección y la precariedad en diversas regiones del país colocan a jóvenes y menores en condiciones propicias para ser captados.
A ello se suma la inexistencia de un registro oficial sobre reclutamiento forzado o voluntario de menores por el crimen organizado, ya que este fenómeno no está tipificado como delito, lo que impide dimensionar con precisión su alcance y limita la capacidad institucional para atenderlo.
Testimonios recabados en la investigación muestran que el reclutamiento ocurre desde edades tempranas, incluso desde los 12 años, cuando adolescentes son incorporados inicialmente como vigilantes o “halcones” y posteriormente integrados a actividades armadas. En muchos casos, reciben pagos semanales bajos, son sometidos a condiciones precarias y expuestos a violencia extrema.
Además, exintegrantes de estas organizaciones señalan que los métodos de captación se han deteriorado, con prácticas que incluyen el uso de drogas para controlar a los jóvenes y su envío a enfrentamientos como “carne de cañón”, lo que reduce sus posibilidades de supervivencia.
El reportaje también evidencia que, pese a la inversión millonaria en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro –que ha beneficiado a millones de jóvenes–, estos no han logrado frenar el reclutamiento criminal, contrario a lo sostenido por autoridades federales en años recientes.
Casos documentados, como jóvenes implicados en asesinatos recientes o adolescentes que participan en células delictivas, muestran que la violencia sigue permeando en este sector de la población, donde la promesa de ingresos rápidos y reconocimiento dentro de los grupos criminales continúa siendo un factor de atracción.
En este contexto, expertos subrayan que el problema de fondo no es únicamente el número de jóvenes que delinquen, sino la cantidad de menores y adolescentes que viven en condiciones de vulnerabilidad que los hacen susceptibles a ser reclutados por el crimen organizado, en un fenómeno que persiste y se expande en distintas regiones del país. (Mas).
