La suspensión del servicio de hemodiálisis en siete hospitales públicos de Puebla dejó sin atención médica a 484 pacientes renales crónicos, provocando la hospitalización de al menos 20 personas y desatando una crisis de salud pública en la entidad.
El problema estalló tras la conclusión del contrato entre el gobierno federal —a través del programa IMSS-Bienestar— y la empresa Zdenko, S.A. de C.V., responsable del servicio subrogado. El contrato venció el 30 de junio, y aunque las autoridades afirman que estaba prevista una ampliación del 20% mientras se lanzaba una nueva licitación, Zdenko notificó de manera unilateral su retiro total la noche del mismo día, dejando a cientos sin tratamiento. Solo emergencias fueron atendidas mediante una prórroga extraordinaria.
Los hospitales afectados son el General del Norte, General del Sur, el de Tehuacán, Teziutlán, Huauchinango, el de Traumatología y Ortopedia, y el Hospital para el Niño Poblano. Muchos de los pacientes afectados requieren hemodiálisis hasta tres veces por semana para sobrevivir.
El corte abrupto del servicio generó protestas entre el martes y el miércoles, incluyendo bloqueos en el Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla. La movilización más significativa ocurrió en Villa Frontera, encabezada por pacientes del Hospital del Norte.
Ante la presión social, el gobernador Alejandro Armenta intervino directamente, lo que derivó en una reunión entre autoridades y manifestantes. Gerónimo Lara Gálvez, coordinador de IMSS-Bienestar en Puebla, y Carlos Alberto Olivier Pacheco, secretario de Salud estatal, informaron que el servicio comenzó a restablecerse de forma paulatina desde la mañana del jueves, con la atención completamente reactivada en Teziutlán.
La Secretaría de Salud de Puebla aseguró que se está dando prioridad a los pacientes más delicados mediante unidades móviles especializadas, mientras se concluye la reinstalación de máquinas y la dotación de insumos en los hospitales restantes.
Zdenko, empresa señalada por la revista Contralínea por sus presuntas ligas con el llamado “Cártel de las Medicinas”, inició operaciones como firma de publicidad y recursos humanos, y cambió su objeto social en 2020 para ofrecer servicios médicos. Ese mismo año fue adquirida por Rocío Santamarina Aguirre y Aldo Zamorano Palacios, socios ligados al empresario Alexis Nickin Gaxiola, yerno del exgobernador Roberto Madrazo.
En 2024, Zdenko fue adjudicada en Puebla bajo la licitación GESAL-034-050/2024, con un contrato de hasta 71 millones de pesos. Sin embargo, no es la única entidad afectada: en el Estado de México, más de 250 pacientes también quedaron sin tratamiento por una cancelación similar.
Aunque las autoridades locales aseguran que la atención será completamente restablecida, el caso evidencia los riesgos de subrogar servicios de salud vitales a empresas con antecedentes opacos. La salud de cientos de personas depende hoy de la estabilidad y transparencia en estos contratos. (Mas).
