La detención de dos comunicadoras y la inclusión de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en una carpeta de investigación de la Fiscalía estatal encendieron las alertas sobre un presunto clima de persecución contra voces críticas en San Luis Potosí, luego de las reformas al Código Penal aprobadas tras la difusión de un video atribuido a inteligencia artificial que involucraba al gobernador Ricardo Gallardo con el crimen organizado.
La información fue publicada por el diario El País, que documentó cómo las recientes modificaciones legales en la entidad derivaron en procesos judiciales contra comunicadores y personas vinculadas con críticas al gobierno estatal encabezado por el Partido Verde Ecologista de México.
El origen de la controversia se remonta al 16 de octubre de 2025, cuando comenzó a circular un video de tres minutos en el que un supuesto integrante del Cártel del Golfo acusaba al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El mandatario negó las acusaciones y aseguró que el material había sido creado mediante inteligencia artificial.
Un mes después de la difusión de ese video, el Congreso local aprobó reformas al Código Penal para sancionar el “uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”.
La legislación, conocida como ley Serrano, contempla penas de hasta tres años de prisión para quienes generen o difundan contenidos elaborados con inteligencia artificial que simulen declaraciones o acciones de autoridades y cuerpos de seguridad.
Las primeras consecuencias de la nueva legislación ocurrieron la semana pasada, cuando Eréndira Reyes, administradora de la página de Facebook San Wicho Times, y su hija Alejandra Hermosillo fueron detenidas y encarceladas bajo prisión preventiva justificada por el presunto delito de uso indebido de inteligencia artificial.
De acuerdo con El País, ambas mujeres aparecen en una lista de once personas identificadas dentro de una carpeta de investigación de la Fiscalía de San Luis Potosí.
Entre los señalados también figuran periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y administradores de plataformas digitales que han mantenido posturas críticas hacia el gobernador Ricardo Gallardo.
Jan-Albert Hoosten, director en México del Comité para la Protección de los Periodistas, advirtió que el caso representa “uno de los precedentes más peligrosos para el periodismo mexicano de los últimos tiempos”. Según explicó, todas las personas incluidas en la investigación tienen en común sus críticas al gobierno estatal.
Una de las señaladas en la carpeta es la activista y militante de Morena, Roxana Herrera, quien afirmó al diario español que existe una “persecución política” para silenciar a las voces críticas contra la administración estatal.
La dirigente morenista informó además que actualmente permanece resguardada por motivos de seguridad y que promovió un amparo judicial tras conocer la existencia de una posible orden de aprehensión.
La periodista Anahí Torres también aparece en la lista filtrada. Meses atrás había solicitado públicamente ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum durante una conferencia matutina, denunciando un ambiente de intimidación y hostigamiento en San Luis Potosí contra periodistas y ciudadanos críticos del gobierno estatal.
La fiscal estatal Manuela García Cázares negó que exista persecución contra periodistas y sostuvo que las personas detenidas no forman parte del gremio periodístico.
Sin embargo, organizaciones civiles y de defensa de la libertad de expresión consideran que el trasfondo del caso no es la profesión de las detenidas, sino el uso de la ley como mecanismo de presión e intimidación política.
La controversia ocurre además en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones locales de 2027 y por las críticas hacia el supuesto intento del gobernador Ricardo Gallardo de impulsar como sucesora a su esposa, la senadora Ruth González Silva, situación que ha generado señalamientos de nepotismo incluso dentro de sectores cercanos a Morena.
Organizaciones como Artículo 19 y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también han cuestionado la constitucionalidad de las reformas aprobadas en San Luis Potosí.
La CNDH promovió desde diciembre de 2025 una acción de inconstitucionalidad al considerar que las modificaciones penales generan un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y podrían utilizarse para criminalizar actividades relacionadas con el ejercicio periodístico y la crítica pública.
Además de la llamada ley Serrano, el Congreso local aprobó recientemente otra reforma para castigar los llamados “mensajes intimidatorios”, medida que, según activistas y organizaciones civiles, podría abrir la puerta a sanciones contra personas que convoquen o promuevan manifestaciones críticas contra el gobierno estatal. (Mas).
