Guanajuato.— Mientras el diputado federal de Morena, Arturo Ávila Anaya, mantiene una activa participación en la defensa del proyecto de la llamada Cuarta Transformación, una investigación periodística puso bajo la lupa los negocios de su familia con un gobierno emanado del PAN.
De acuerdo con una investigación publicada por Emeequis, durante 2025 la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato y el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) otorgaron 19 contratos por un monto acumulado de 12 millones 408 mil 500 pesos a la empresa Blindajes Urbanos, S.A. de C.V., cuya representación legal está a cargo de Francisco Arturo Ávila Rosas, padre del legislador morenista.
Los contratos fueron otorgados durante la administración de la gobernadora panista Libia Dennise García Muñoz Ledo y, según la investigación, se realizaron mediante procedimientos de adjudicación directa.
La empresa recibió contratos para dos grandes rubros: mantenimiento de equipos de radiocomunicación y capacitación de elementos de seguridad pública.
Del monto total, 6 millones 120 mil pesos correspondieron al mantenimiento de sistemas de radiocomunicación, mientras que otros 6 millones 453 mil 500 pesos fueron destinados a 19 cursos de capacitación policial. La Secretaría de Seguridad y Paz confirmó posteriormente estos montos y explicó que parte de los recursos provinieron de fondos federales.
Capacitación policial
Entre los cursos contratados se encuentran capacitaciones relacionadas con competencias del personal de custodia, sistema de justicia penal, primer respondiente, inteligencia penitenciaria, uso legítimo de la fuerza, violencia de género e investigación criminal.
La investigación cuestiona que Blindajes Urbanos tenga como objeto social principal actividades relacionadas con blindaje y equipamiento de seguridad, mientras que los contratos incluyeron servicios de capacitación policial, pese a que, según Emeequis, no se encontró experiencia declarada de la compañía en materia de docencia o capacitación policial.
El gobierno de Guanajuato responde
Ante los cuestionamientos, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato sostuvo que en los procedimientos participaron proveedores invitados y que las propuestas técnicas y económicas fueron recibidas y evaluadas por las áreas correspondientes.
La dependencia señaló que en el caso de los cursos fueron contratados 19 servicios por 6 millones 453 mil 500 pesos, mientras que el resto del monto correspondió al mantenimiento de los equipos de radiocomunicación.
Hasta el momento, la información publicada no acredita por sí misma la existencia de un acto de corrupción o ilegalidad. El punto central de la investigación es el vínculo familiar del representante legal de la empresa con el legislador morenista y el hecho de que una compañía ligada a su padre haya concentrado contratos millonarios con un gobierno panista durante un mismo ejercicio fiscal.
El caso coloca nuevamente bajo los reflectores al diputado Arturo Ávila, quien ha sido una de las voces más visibles de Morena en la Cámara de Diputados.
Más de 12 millones de pesos en un año, 19 contratos y una empresa representada por el padre de un legislador morenista: una combinación que, por lo menos, abre la puerta a preguntas sobre los procesos de contratación y la relación entre los proveedores y las instituciones públicas.
Fuente: Emeequis / Periódico Correo.
