El Comité contra la Desaparición Forzada expondrá indicios de prácticas generalizadas o sistemáticas y abrirá la discusión sobre la cooperación internacional. El Gobierno mexicano cuestiona las conclusiones del organismo.
Ciudad de México.— La crisis de desapariciones en México llegará este martes 20 de octubre ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en un procedimiento excepcional que pone bajo el escrutinio internacional las acciones del Estado mexicano frente a este problema.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, presentará el informe anual del organismo ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, donde reiterará la solicitud de que el pleno examine la situación de México y las posibilidades de cooperación internacional para enfrentar la crisis.
PROCEDIMIENTO HISTÓRICO
El caso mexicano fue remitido a la Asamblea General en abril pasado, mediante la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Es la primera vez que el Comité recurre a este mecanismo desde la entrada en vigor de la Convención. La disposición permite llevar un caso ante la Asamblea General cuando existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas se cometen de manera generalizada o sistemática.
El Comité sostiene que existen indicios bien fundados de que estos hechos se han cometido y continúan cometiéndose en México. También ha advertido que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Estos señalamientos corresponden a la valoración del organismo y no representan, por sí mismos, una sentencia judicial contra el Estado mexicano.
MÁS DE 130 MIL REGISTROS
La discusión internacional ocurre en medio de una crisis que, de acuerdo con cifras oficiales citadas por La Jornada, supera los 130 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas.
Organizaciones civiles y familiares de víctimas han advertido sobre la impunidad, los retrasos en las labores de búsqueda y las agresiones contra quienes buscan a sus seres queridos. También han solicitado que la comunidad internacional contribuya a fortalecer las investigaciones y la identificación de personas.
Entre las posibilidades de cooperación internacional planteadas por el Comité se encuentran el fortalecimiento de las labores de búsqueda, la investigación de los casos, el esclarecimiento de la verdad y la protección de las víctimas y sus familiares.
MÉXICO RECHAZA LOS SEÑALAMIENTOS
El Gobierno de México manifestó su desacuerdo con la decisión del Comité, al considerar que sus conclusiones no reflejan adecuadamente las reformas legales y las acciones institucionales emprendidas para atender las desapariciones.
Como parte de su respuesta, autoridades federales presentaron ante Naciones Unidas los avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda y reportaron que durante 2026 han sido localizadas más de 16 mil personas.
También anunciaron la integración de un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
La comparecencia de este martes constituye un paso dentro del procedimiento internacional. La presentación del informe no significa que la Asamblea General haya emitido una resolución contra México, sino que el Comité busca que el máximo órgano deliberativo de la ONU examine la situación y considere posibles medidas de cooperación.
Fuente: El Universal, UnoTV y La Jornada.
