Hasta el 10 de septiembre de 2026, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, figuró como socia de Vida Orgánica Tijuana, S. de R.L. de C.V., empresa señalada por autoridades de Estados Unidos como parte de una red vinculada al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con información publicada por Aristegui Noticias, la empresa fue constituida en 2020 con siete socios, entre ellos Marina del Pilar Ávila Olmeda, su entonces esposo Carlos Alberto Torres Torres y su hermano Luis Alfonso Torres Torres.
La compañía fue creada el 9 de noviembre de 2020 en Tijuana, con un capital social de 100 mil pesos. En el acta constitutiva, Luis Alfonso Torres Torres asumió el cargo de gerente general, mientras que Juan Manuel Lameiro Camacho apareció como accionista mayoritario.
La inscripción de Vida Orgánica Tijuana ante el Registro Público de Comercio de Tijuana se concretó el 3 de diciembre de 2020. La empresa fue constituida originalmente para realizar actividades relacionadas con el comercio de productos orgánicos y veganos.
En abril de 2023, los integrantes de la sociedad aprobaron una cesión de partes sociales mediante donación. Sin embargo, la actualización de la estructura accionaria quedó registrada hasta el 10 de septiembre de 2026, mediante un asiento de rectificación por error material.
Con esa modificación, Marina del Pilar Ávila Olmeda dejó de figurar como socia de la empresa, mientras que Carlos Alberto Torres Torres duplicó su aportación al capital social. Los documentos referidos no permiten establecer si el cambio de accionistas ocurrió efectivamente en 2023 o si fue formalizado hasta 2026.
Según los señalamientos de las autoridades estadounidenses, Vida Orgánica Tijuana operaba bajo el control directo de Luis Alfonso Torres Torres, cuñado de la gobernadora, a quien identificaron como operador financiero encargado de recolectar sobornos para la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
La investigación estadounidense señala que recursos obtenidos mediante una red relacionada con narcotráfico y corrupción policial en Baja California eran blanqueados mediante empresas y campañas políticas. Dentro de esa estructura también fue señalado Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que Carlos Torres mantenía una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado como jefe de plaza en Mexicali. También señalaron que habría utilizado su influencia política para facilitar operaciones delictivas y proporcionar protección oficial al grupo criminal.
Como parte de los señalamientos, el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, habría entregado pagos mensuales a Carlos Torres para garantizar la impunidad del grupo criminal en la región, de acuerdo con la investigación citada.
Luis Alfonso Torres Torres, por su parte, habría canalizado recursos ilícitos hacia empresas registradas a su nombre o bajo su administración. Entre ellas se encontraba Vida Orgánica Tijuana, cuyos activos en territorio estadounidense fueron bloqueados por el Departamento del Tesoro debido a los señalamientos.
En 2025, el gobierno de Estados Unidos canceló las visas de Carlos Torres y Marina del Pilar Ávila. A finales de ese año, la gobernadora informó que ambos se encontraban en proceso de divorcio.
Tras los señalamientos, Carlos Torres negó cualquier vínculo con el crimen organizado. Reconoció ser socio de “Vive Orgánico”, nombre comercial relacionado con la empresa, y afirmó que registra ventas mensuales promedio de 570 mil pesos.
Torres también adelantó que iniciaría gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para aclarar las acusaciones. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar negó cualquier vínculo con organizaciones criminales.
La Jornada Baja California difundió un comunicado atribuido al gobierno estatal, en el que se señala que Marina del Pilar está legalmente divorciada de Torres Torres y que el único interés que ambos comparten es el bienestar del hijo que tienen en común. (Mas).
