El activista Juan Carlos Atzín Calderón logró una suspensión definitiva dentro del amparo promovido por la presunta omisión de autoridades federales en la atención del derrame de hidrocarburos que desde marzo afecta costas del Golfo de México.
De acuerdo con Animal Político, la resolución judicial obliga a las autoridades señaladas a continuar con las acciones para atender y remediar la contaminación, además de informar periódicamente al órgano jurisdiccional sobre las tareas realizadas y los avances para superar la problemática.
El recurso fue presentado contra Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Marina (Semar)y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), luego de que comunidades reportaran presencia de hidrocarburo en costas de Veracruz desde el 2 de marzo.
Atzín Calderón, presidente de las asociaciones civiles Somos la Semilla del Cambio y En el Corazón Está el Cambio, señaló que recurrió al juicio de amparo tras solicitar previamente a la Secretaría de Marina la activación del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, así como acciones para fincar responsabilidades.
El activista presentó el 31 de marzo tres demandas de amparo, una en la Ciudad de México, otra en Coatzacoalcos y una más en Boca del Río. Hasta ahora, obtuvo suspensiones provisionales en los recursos promovidos en Ciudad de México y Coatzacoalcos, además de la suspensión definitiva concedida en la capital del país.
El caso ocurre después de que el Grupo Interinstitucional integrado por Pemex, Profepa, Asea, Semar y Semarnat informó que el origen de la contaminación estaría relacionado con un buque y dos chapopoteras naturales. Sin embargo, Pemex también anunció la destitución de tres funcionarios vinculados con áreas de seguridad, control marino, derrames y residuos.
Atzín Calderón consideró insuficiente la respuesta institucional ante la emergencia ambiental y afirmó: “Esperaba más de una respuesta inmediata ante la emergencia”.
También sostuvo que la suspensión definitiva representa un avance para dar seguimiento al caso, mientras se esperan los informes que las autoridades deberán entregar en un plazo de 15 días.
