Un juez federal rechazó hoy conceder a Elba Esther Gordillo el beneficio de la prisión domiciliaria al que pueden acceder los mayores de 70 años de edad.
Alejandro Caballero Vértiz, Juez Sexto de Procesos Penales Federales, concluyó que no hay pruebas suficientes de que Gordillo no evadirá la acción de la justicia si se le otorga dicho beneficio.
La decisión de Caballero puso fin a un tortuoso proceso que duró varios meses, requirió varios peritajes que a fin de cuentas no sirvieron para nada y fue obstaculizado en todo momento por la PGR, que el lunes pasado advirtió del riesgo de fuga de Gordillo, quien es dueña de una mansión en San Diego, California.
La ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) lleva dos años y medio presa, y a la fecha no ha sido declarada culpable de ninguno de los tres cargos que se le imputan: delincuencia organizada, lavado de dinero por mil 978 millones de pesos y fraude fiscal en una modalidad considerada grave.
Aun si el juez hubiera otorgado el beneficio, Gordillo seguiría en prisión, ya que hubiera tenido que solicitar la misma medida al juez Rubén Darío Nohuera, quien lleva el proceso por el delito fiscal.
Más aun, la PGR mantiene abiertas al menos tres averiguaciones previas adicionales contra Gordillo, que en cualquier momento puede consignar para obtener órdenes de aprehensión por nuevos delitos.
Originalmente, Gordillo pidió la prisión domiciliaria alegando que tiene múltiples problemas de salud, pero el tema de los peritajes médicos se complicó a tal grado que la defensa optó por basarse únicamente en la edad, único requisito previsto en la normatividad.
Para justificar la decisión, Caballero destacó que la defensa se desistió de los peritajes médicos «que inicialmente eran la base de su solicitud».
La prisión preventiva domiciliaria para mayores de 70 años que no han sido sentenciados está prevista en el Código Penal Federal desde 2004, pero ha sido utilizada en muy pocos casos, ya que muchos reos ni siquiera la solicitan, la PGR suele oponerse y es una decisión totalmente discrecional de los jueces.
El ex Presidente Luis Echeverría, durante unos días en 2006, y el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, son los personajes de más alto perfil que han aprovechado este beneficio y ambos fueron eventualmente absueltos de los cargos en su contra.
