Gobierno arbitrario
A rienda suelta
Por Luis Armando Mendoza Leciano.
El allanamiento del domicilio del alcalde de Hopelchén, Emilio Lara Calderón, por parte de agentes ministeriales, sin una orden de cateo y causando destrozos revelan la arbitrariedad de un gobierno para el que no existe el Estado de Derecho.
De paso, el hecho muestra a una gobernadora que utiliza los aparatos de justicia como instrumentos de represión contra sus adversarios políticos y a un fiscal de caricatura dispuesto a cualquier cosa para congraciarse con su patrona.
Hay que recordar que no es la primera ocasión que agentes ministeriales bajo el mando del fiscal Renato Sales incurren en acciones ilegales.
Así lo hicieron con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo domicilio fue allanado también con violencia por los agentes ministeriales encabezados por el propio fiscal.
Y lo mismo hicieron con la madre del ex alcalde Eliseo Fernández, con la alcaldesa Biby Rabelo y con el diputado Alfredo Arce.
Es una conducta recurrente de un fiscal que ha dado muestras fehacientes de ineptitud y de arbitrariedad.
Y es que son de risa los argumentos que supuestamente motivaron el operativo en el que se dio la invasión violenta de una propiedad privada y el sometimiento del alcalde Lara Calderón como si fuera un peligroso delincuente.
Los agentes ministeriales, que incurrieron en abuso de autoridad pues nunca mostraron una orden de cateo, al parecer ni siquiera sabían los motivos reales de su actuación pues mientras unos argumentaban que se trataba del rescate de tres personas presuntamente secuestradas, otros aseguraban que era por un reporte de que en ese domicilio se vendían drogas.
Lo cierto es que en el lugar no encontraron nada y se retiraron sin ofrecer una disculpa y en cambio obligaron al alcalde a firmar una hoja en la que supuestamente estaba de acuerdo con el operativo, lo cual ya fue desmentido por el propio edil.
Lo que queda claro es que se trató de un acto arbitrario ejecutado por un fiscal que parece ignorar qué es el Estado de Derecho, y ordenado por una gobernadora atrabiliaria y desquiciada.
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