El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, exigió al Gobierno federal aplicar el tratado de extradición entre México y Estados Unidos en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, ante la presunta existencia de una acusación formal, una orden de aprehensión y una solicitud de entrega presentada por autoridades estadounidenses.
De acuerdo con información publicada por el portal Infobae, el legislador panista acusó al Ejecutivo federal de proteger al mandatario sinaloense con licencia, mientras las autoridades mexicanas sostienen que no cuentan con elementos suficientes para iniciar un procedimiento en su contra.
Anaya Cortés afirmó que el acuerdo bilateral de extradición establece la posibilidad de realizar una detención provisional cuando una persona es reclamada por alguno de los dos países. Explicó que, después de esa medida, comenzaría un plazo de 60 días para que las autoridades solicitantes presenten la documentación y las pruebas necesarias para sustentar la entrega.
El senador consideró que el Gobierno mexicano debe atender la solicitud estadounidense y permitir que el procedimiento avance conforme a los mecanismos previstos en el tratado. Aseguró que no corresponde al Ejecutivo desestimar anticipadamente el caso, especialmente cuando presuntamente ya intervino un gran jurado y existe una determinación emitida por una jueza federal.
La investigación contra Rocha Moya habría sido iniciada por un fiscal de Estados Unidos, posteriormente evaluada por un gran jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y finalmente respaldada mediante una orden judicial. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no habían difundido públicamente todos los documentos del expediente.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha manifestado que no dispone de elementos suficientes para proceder contra el gobernador con licencia. Esa postura ha sido cuestionada por Anaya Cortés, quien sostuvo que el tratado contempla precisamente una etapa provisional para que el país solicitante entregue las pruebas y formalice el procedimiento de extradición.
Como parte de sus argumentos, el legislador señaló que dos antiguos colaboradores cercanos de Rocha Moya, quienes ocuparon las secretarías de Administración y Finanzas y de Seguridad Pública de Sinaloa, se habrían presentado voluntariamente ante autoridades de Estados Unidos. Según el legislador panista, ambos estarían proporcionando información relacionada con la investigación.
Rocha Moya solicitó licencia temporal como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026, después de que se difundieran señalamientos sobre una acusación presentada ante un tribunal federal estadounidense en contra de él y de otros nueve funcionarios por presuntos delitos vinculados con el narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que cualquier funcionario contra quien existan pruebas claras deberá ser investigado y procesado en México. El Gobierno federal ha insistido en que las versiones periodísticas o las declaraciones políticas no sustituyen la documentación oficial requerida para iniciar una acción penal o un procedimiento de extradición.
Anaya Cortés también relacionó la situación de Rocha Moya con el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y expresidente del Consejo Consultivo del partido Somos México, detenido por su presunta participación en una red de contrabando de combustible.
Al respecto, el senador calificó al exmandatario bajacaliforniano como un “preso político” y sostuvo que su detención habría sido utilizada como un distractor.
De acuerdo con el panista, el caso de Ruffo Appel buscaría desviar la atención de los señalamientos formulados contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, cuya visa estadounidense fue cancelada. No obstante, las acusaciones sobre supuestas conductas ilegales de la mandataria y la presunta existencia de grabaciones que la involucrarían no han sido confirmadas por una autoridad competente.
El senador sostuvo que la actuación de las instituciones debe ser uniforme, sin diferencias motivadas por la afiliación partidista o la cercanía de los señalados con el Gobierno federal. Consideró que la aplicación del tratado permitiría esclarecer las acusaciones contra Rocha Moya y determinar, mediante un procedimiento judicial, si existen elementos para conceder o rechazar su extradición. (Mas).
