El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exesposo de la gobernadora de Baja California en una lista de 21 personas y 25 empresas relacionadas con una red del Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos sancionó este martes a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al señalarlo como presunto operador político vinculado con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en Baja California.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a 21 personas y 25 empresas dentro de una nueva ronda de sanciones contra integrantes y facilitadores de la organización criminal.
Entre los principales objetivos de la acción estadounidense se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, identificado por Washington como líder de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.
En el caso de Carlos Torres, el gobierno estadounidense sostiene que es un “operador político” que mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, identificado como dirigente de Los Rusos, una célula vinculada con La Mayiza y con operaciones en Baja California.
De acuerdo con el señalamiento del Tesoro, Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y protegerlo de la intervención del gobierno y de las fuerzas de seguridad en Baja California. Estas afirmaciones corresponden a la evaluación de las autoridades estadounidenses.
El Departamento del Tesoro también incluyó en la acción a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, a quien ubica dentro del mismo esquema señalado por las autoridades estadounidenses.
La sanción ocurre después de que en mayo de 2025 Estados Unidos revocara las visas de Marina del Pilar y Carlos Torres. Posteriormente, la gobernadora confirmó que la Fiscalía General de la República investigaba a su entonces esposo por presuntos delitos relacionados con tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.
La investigación mexicana fue confirmada públicamente por Marina del Pilar en enero de 2026. En aquella ocasión, la gobernadora afirmó que confiaba en que la FGR realizaría una investigación a profundidad y que los hechos serían esclarecidos.
Con la nueva acción de Washington, el caso adquiere otra dimensión, pues Carlos Torres pasa de estar relacionado con una investigación y con la revocación de su visa estadounidense a figurar formalmente entre las personas sancionadas por la OFAC por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa.
Las sanciones de Estados Unidos implican restricciones financieras dentro de su jurisdicción y forman parte de la estrategia de Washington contra las redes de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción asociadas con el Cártel de Sinaloa. La designación, sin embargo, no equivale por sí misma a una sentencia penal contra las personas señaladas.
