El pasado 24 de marzo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, participó en la entrega del Doctorado Honoris Causa que otorgó la Universidad Autónoma de Sinaloa a la científica Annie Pardo Cemo, madre de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a Rosaura Ruiz Gutiérrez, en reconocimiento a sus trayectorias y aportaciones al desarrollo de la ciencia en México.
De acuerdo con información oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, la ceremonia se realizó en el auditorio del Campus Rafael Buelna, donde autoridades universitarias destacaron que ambas investigadoras han contribuido a la formación de generaciones de científicos y al fortalecimiento del conocimiento en el país.
Durante el evento, el mandatario estatal afirmó: “Al honrar la UAS a ustedes, se honra a sí misma”, al tiempo que el rector Jesús Madueña Molina resaltó el papel de las galardonadas como referentes académicos y científicos.
El Consejo Universitario informó que las investigadoras se integraron como doctoras Honoris Causa número 41 y 42 de la institución.
La trayectoria de Annie Pardo Cemo incluye más de cinco décadas en la investigación científica, particularmente en áreas como la biología molecular, enfermedades pulmonares y envejecimiento, además de haber fundado el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1980.
En tanto, Rosaura Ruiz Gutiérrez ha desarrollado una carrera académica centrada en las teorías evolutivas y actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, desde donde impulsa el fortalecimiento de la investigación científica en el país.
Sin embargo, el nombre del gobernador volvió a la escena pública tras darse a conocer una acusación formal en Estados Unidos.
La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación sustitutiva (S9 23 Cr. 180 KPF) en la que se incluye a Rubén Rocha Moya junto a otros funcionarios como Enrique Inzunza Cazárez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
El documento judicial acusa a los implicados de conspiración para la importación de narcóticos hacia Estados Unidos, señalando presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Según la acusación, la red habría facilitado el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de proteger operaciones criminales mediante filtración de información y uso de estructuras de seguridad pública.
El expediente también describe un esquema de alcance internacional en el que el cártel operaría con conexiones en Colombia, Venezuela y China, consolidando a Sinaloa como un punto clave del narcotráfico global. Asimismo, se señala la presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López.
Tras la difusión del caso, el partido Morena manifestó su preocupación por la solicitud de extradición, al considerar que no se presentaron pruebas suficientes y que se vulneran principios del debido proceso.
En la misma línea, la Fiscalía General de la República informó que solo procederá una eventual extradición si existen elementos legales, y anunció el inicio de una investigación para determinar la viabilidad del caso.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que enviará una queja diplomática a Embajada de Estados Unidos en México por la difusión pública de la solicitud, al indicar que este tipo de procesos deben manejarse con carácter confidencial.
En respuesta, el gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones al calificarlas como carentes de sustento y aseguró que continuará en funciones. El mandatario afirmó que no va a pasar nada y sostuvo que mantiene comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum, además de reiterar que no modificará su agenda de trabajo.
En tanto, el senador Enrique Inzunza Cazárez también rechazó los señalamientos, calificándolos como una “infamia”, mientras que la Embajada de Estados Unidos en México respaldó la investigación al señalar que el combate a la corrupción y al crimen organizado es una prioridad compartida entre ambos países. (Mas).
