El feminicidio de Edith Guadalupe Valdez Saldívar, joven de 21 años, ha generado indignación, no sólo por el crimen, sino por las denuncias de presuntos actos de corrupción y negligencia por parte de autoridades encargadas de su búsqueda.
La joven salió el pasado 15 de abril salió de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa para acudir a una entrevista de trabajo en un edificio ubicado en Avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, donde posteriormente fue hallada sin vida en el sótano del inmueble.
Familiares de la víctima señalaron que, pese a proporcionar datos clave desde el inicio, fueron ignorados por personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México e incluso denunciaron que algunos agentes les solicitaron dinero para avanzar en las investigaciones.
“Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo”, acusó la madre de la joven.
Ante la falta de respuesta, la familia emprendió por su cuenta la búsqueda, recabó videos de cámaras de vigilancia y bloqueó la avenida Revolución para exigir el ingreso de las autoridades al edificio, donde finalmente fue localizado el cuerpo de Edith, envuelto en bolsas negras.
La Fiscalía capitalina informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y confirmó la detención de un presunto responsable, quien se desempeñaba como vigilante del inmueble.
De acuerdo con las indagatorias, el sujeto habría agredido a la joven tras un altercado dentro del lugar.
Asimismo, la titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, indicó que ya se identificó a un probable responsable y que continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos, incluyendo análisis periciales y revisión de videograbaciones.
La funcionaria reconoció la gravedad de las acusaciones de corrupción y anunció la separación del cargo de servidores públicos presuntamente involucrados en irregularidades durante la atención del caso, mientras se desarrollan investigaciones administrativas y penales.
Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, condenó el crimen y solicitó que se investigue a fondo tanto el feminicidio como las posibles conductas indebidas de funcionarios, con el fin de garantizar justicia para la víctima y su familia. El caso ha provocado una fuerte reacción social, al evidenciar posibles fallas institucionales en la atención a víctimas de desaparición y violencia de género, en un contexto donde la exigencia de justicia y transparencia continúa siendo una demanda constante. (Mas).
