La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió su primer año de funciones marcada por cuestionamientos sobre la falta de transparencia en algunas de sus decisiones, el uso de sesiones privadas para discutir asuntos relevantes, dificultades para cumplir los nuevos plazos constitucionales y diferencias internas que han quedado expuestas durante las sesiones del Pleno.
De acuerdo con información publicada por Animal Político, la Corte que inició funciones el 1 de septiembre de 2025, después de que por primera vez sus integrantes fueran electos mediante voto popular, enfrenta un balance en el que las promesas de máxima publicidad, mayor cercanía con la ciudadanía y agilización de la justicia contrastan con prácticas que han mantenido fuera del escrutinio público parte de sus deliberaciones.
La primera señal ocurrió prácticamente desde su instalación: luego de la ceremonia solemne y de la toma de la fotografía oficial, el Pleno encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz realizó una sesión privada para definir a los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial. La decisión generó críticas porque la reforma constitucional al Poder Judicial había incorporado expresamente el principio de máxima publicidad y estableció que las sesiones del Pleno debían ser públicas en los términos establecidos por la legislación.
El recurso a reuniones a puerta cerrada no quedó limitado a aquella primera jornada. Durante el primer año de la nueva Corte se han mantenido sesiones privadas para abordar asuntos considerados relevantes, una práctica que el propio presidente del máximo tribunal ha reconocido en distintas ocasiones y que contrasta con el compromiso de acercar la justicia a la población y transparentar la actuación de quienes integran el máximo órgano constitucional del país.
La opacidad también alcanza asuntos cuya resolución se encuentra sometida a los nuevos plazos introducidos por la reforma judicial.
El artículo 17 de la Constitución fijó un periodo de seis meses para resolver determinados litigios fiscales y estableció que, cuando ese límite sea superado, las personas juzgadoras deberán explicar inmediatamente las causas del retraso ante el Tribunal de Disciplina Judicial para evitar eventuales sanciones. Sin embargo, al cumplirse un año de actividades permanecen asuntos tributarios pendientes, incluidos litigios relacionados con empresas como Samsung, sin que públicamente se conozcan las razones por las cuales su resolución se ha prolongado.
Antes de que la reforma fuera aprobada, el Centro de Estudios Constitucionales había advertido sobre las complicaciones de imponer un límite uniforme para asuntos que pueden tener distintos grados de complejidad. En su análisis sostuvo: “El plazo de seis meses que propone la reforma no toma en cuenta los criterios interamericanos y no considera las complejidades que deben analizarse para determinar si un asunto se resolvió en un plazo ‘razonable’”. A un año de distancia, las dificultades operativas de la Corte han alimentado nuevamente ese debate.
La nueva etapa del máximo tribunal comenzó además con una fuerte carga política. Horas antes de acudir al Senado para rendir protesta en septiembre de 2025, sus integrantes participaron en una ceremonia realizada en el Zócalo capitalino en la que recibieron bastones de mando de autoridades de pueblos indígenas y afromexicanos. Durante ese acto estuvieron acompañados por dirigentes vinculados con Morena y se escucharon expresiones de respaldo al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En aquella ceremonia, Hugo Aguilar Ortiz reivindicó el origen de la reforma judicial y su significado para la representación indígena. “Esta reforma se logró gracias a los aires de cambio, gracias a los esfuerzos de transformación que corren por nuestra patria […] no me voy a cansar de señalar que sin la reforma judicial los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Antes era inimaginable que su servidor […] estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro”, manifestó el ahora presidente de la Corte.
Junto con Aguilar Ortiz asumieron como integrantes del máximo tribunal Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra. La llegada de los nueve ministros fue consecuencia de una reforma que disminuyó la integración de la Corte de 11 a nueve miembros y eliminó sus dos salas, por lo que todos los asuntos comenzaron a discutirse directamente en el Pleno.
La reducción de integrantes, sin embargo, no eliminó las diferencias internas. Durante el primer año se registraron votaciones cerradas y desacuerdos públicos entre ministros. Uno de los episodios más notorios ocurrió cuando Lenia Batres acusó a otros integrantes de la Corte de actuar con “animadversión” y de sostener una “discusión sin argumentos jurídicos” después de que no respaldaran un proyecto elaborado por su ponencia.
La composición de la Corte también ha sido cuestionada desde su origen por los partidos de oposición. Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano abandonaron o boicotearon la sesión en la que los ministros rindieron protesta en septiembre de 2025, bajo el argumento de que el proceso electoral judicial había estado marcado por mecanismos como los comités de evaluación, la selección de candidaturas mediante tómbola y las denuncias relacionadas con el uso de los llamados acordeones durante la elección.
Frente a los señalamientos sobre falta de cercanía social, el máximo tribunal ha realizado algunas actividades fuera de su sede tradicional. Una de ellas fue la sesión celebrada en Tenejapa, Chiapas, a la que acudieron seis de los nueve ministros para analizar un asunto relacionado con una comunidad indígena. Otra ocurrió cuando la Corte abrió una audiencia pública para escuchar a personas con discapacidad que rechazaron una propuesta de la ministra Lenia Batres relacionada con la obligación del Estado de realizar consultas cuando se impulsen reformas que puedan afectar directamente a ese sector. Pese a la apertura de esa audiencia, el asunto permanece sin resolución.
Las divisiones dentro del Pleno adquieren mayor relevancia por las nuevas reglas para formar jurisprudencia. La reforma al artículo 94 constitucional redujo de ocho votos entre 11 ministros a seis votos entre nueve integrantes la mayoría necesaria para que determinados criterios del Pleno sean obligatorios. El mismo número se requiere, de acuerdo con el artículo 105 constitucional, para invalidar leyes con efectos generales.
El Centro de Estudios Constitucionales alertó también sobre las consecuencias que podría tener esa modificación cuando existe un tribunal polarizado. “El cambio inmediato de la composición de dicho tribunal compromete la estabilidad de precedentes relevantes; esto puede ser riesgoso en aspectos que han resultado controversiales desde una perspectiva moral”, señaló al analizar los efectos de la reforma.
Tras 12 meses de funcionamiento, una de las principales preocupaciones expresadas por críticos de la nueva Corte es que una mayoría de apenas seis integrantes pueda modificar criterios constitucionales relevantes y generar jurisprudencia obligatoria, especialmente en un escenario de votaciones divididas. Desde esa perspectiva, los cambios en las alianzas internas del Pleno podrían provocar variaciones frecuentes en la interpretación de la Constitución y, con ello, una mayor incertidumbre jurídica.
Así, el primer aniversario de la Suprema Corte surgida de la elección judicial encuentra a la institución entre el discurso de renovación con el que comenzó actividades y una práctica caracterizada por sesiones reservadas, asuntos pendientes, plazos difíciles de cumplir y un Pleno que no ha conseguido disipar los señalamientos de cercanía política. La transparencia, uno de los principios que acompañó la reforma del Poder Judicial, se mantiene como uno de los principales pendientes de su nueva etapa. (Mas).
